Los familiares de Inti Sotelo presentarían esta semana la denuncia contra el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque la justicia ha paralizado el proceso contra contra Manuel Merino, el expremier Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez.
“En un caso tan evidente, donde hay tanta prueba documental y testimonial, es muy probable que la Corte tendrá un fallo condenando al Estado peruano, y eso significará que se abra una investigación a Merino y los exministros”, precisó Carlos Rivera, abogado de los deudos de Inti, al diario La República.
El letrado indicó que la CIDH iniciará una investigación, tras lo cual podría emitir un pronunciamiento y hacer recomendaciones para que se reabra la investigación a Merino y los exministros. Agregó que si el Estado tiene una estrategia obstruccionista, podrían presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Como se recuerda, el Ministerio Público decidió suspender la investigación tras un polémico fallo de la Segunda Sala de Apelaciones Nacional del Poder Judicial que indicó que el caso “no tiene ninguna relevancia pública”.
El coronel PNP Percy Tenorio —uno de los 11 acusados de la represión policial de hace dos años— había solicitado ante el Ministerio Público copias de la carpeta fiscal con el fin de poder conocer los hechos que se le imputan. Al recibir una negativa, planteó una tutela de derechos ante el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado.
El efectivo obtuvo un primer fallo favorable ante dicho tribunal. Es así que la Fiscalía apeló la referida resolución ante la Segunda Sala de Apelaciones Nacional, donde finalmente no obtuvo la razón y, por ello, tuvo que paralizar las pesquisas contra Merino, el exprimer ministro Antero Flores-Aráoz, el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, y los demás mandos policiales involucrados en el caso.
Sin embargo, hay una casación que está ahora en la Primera Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, donde se tendrá que definir si el fallo del Poder Judicial es válido o no.
Piden justicia
Mientras el recurso de casación se resuelve, en el interín de estos dos años, los deudos también enfrentan el silencio de los policías procesados, quienes, según el abogado, guardan silencio argumentando sus derechos a la defensa y hacen espíritu de cuerpo.
“La Inspectoría General de la Policía sacó un informe en el que intentó archivar el caso, hasta que el año pasado el Tribunal Policial, antes de que se cumpla el año de sus muertes (las de Inti y Bryan) rechazó este archivo y solicitó de oficio que se haga uno nuevo. Ya pasaron ocho meses desde que ese plazo se ha terminado y no se sabe nada del informe y es porque no hay la voluntad política”, advierte Pacha Sotelo.
“Argumentan que este caso no ha tenido trascendencia social, pero un presidente tuvo que renunciar a raíz de las protestas que hubo, pero sobre todo a causa de que hubieron dos muertos y un centenar de heridos. Hubo un exceso en la forma de reprimir por parte de la Policía y eso dio lugar a renuncias en el Ministerio del Interior. El caso trascendió las fronteras, el propio Ministerio del Interior también presentó un informe aceptando la responsabilidad del uso excesivo por parte de la fuerza de la PNP, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales también se pronunciaron al respecto. Nosotros tomamos esta lentitud definitivamente como una forma de obstaculización, como una forma de dilatación de acceso a justicia”, lamenta el padre de Bryan, Óscar Pintado.
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