Congresista de Acción Popular tendría investigación fiscal e invalidaría el proceso por traición a la patria contra Pedro Castillo

José Arriola es procesado por el presunto delito de negociación incompatible. Ingresó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en reemplazo de sus colegas de ‘Los Niños’.

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José Arriola en el Congreso de la República.
José Arriola en el Congreso de la República.

El proceso por presunta traición a la patria contra el presidente de la República, Pedro Castillo, podría verse viciado en el Congreso. Esto porque uno de los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que votó a favor de la denuncia tiene un proceso pendiente en el Ministerio Público.

Según el diario La República, se trataría del legislador José Arriola (Acción Popular), quien afronta una indagación por el presunto delito de negociación incompatible por haber sido funcionario de la Municipalidad Distrital de Ate.

Arriola está incluido en la investigación porque, cuando era subgerente de Programas Sociales de la mencionada municipalidad, se produjo el presunto favorecimiento a cuatro proveedores, por 2 millones 886 mil 418 soles, en procesos de adquisición directa de productos para un programa de alimentación y nutrición, entre los años 2016 y 2017.

El congresista acciopopulista, y otros nueve exfuncionarios, gestionaron un total de 99 órdenes de compra para adquirir productos de forma fraccionada cuando no está permitido por las normas de contrataciones.

El presidente Pedro Castillo participó en ceremonia por el XVI aniversario de la lucha medioambiental del centro poblado de Huangamarca, Cajamarca.
El presidente Pedro Castillo participó en ceremonia por el XVI aniversario de la lucha medioambiental del centro poblado de Huangamarca, Cajamarca.

La investigación fiscal contra José Arriola sería un impedimento para que pueda integrar la SAC como manda el artículo 20 del reglamento del Congreso. Además, él ingresó en reemplazo de sus colegas que fueron denominados como ‘Los Niños’ porque enfrentan una investigación por el presunto delito de organización criminal.

Lo mismo pasó con parlamentarios de otras bancadas como Waldemar Cerrón (Perú Libre), Martha Moyano (Fuerza Popular) y Óscar Zea (Podemos).

El viernes pasado, Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pidió abstenerse de votar a quienes cuenten con procesos penales. Pese a la recomendación, Arriola votó a favor del informe final contra el presidente Castillo.

Bloqueo

José Palomino, , abogado del presidente Pedro Castillo, solicitará que la denuncia por traición a la patria no pase a la Comisión Permanente para que sea debatido y votado tras pasar la primera fase que fue la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

“Hay motivos de diversa índole por lo cuales nosotros estamos solicitando que todo lo actuado en la Comisión Permanente lo devuelva a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, refirió en entrevista a TvPerú.

José Palomino Manchego, abogado del presidente Pedro Castillo. | Foto: ANDINA
José Palomino Manchego, abogado del presidente Pedro Castillo. | Foto: ANDINA

El letrado argumentó que, por ejemplo, el trámite por traición a la patria no debió avanzar en la SAC debido a que porque ya se había vencido el plazo correspondiente y se había vencido la legislatura ordinaria, que va entre julio y agosto.

Además, Palomino enfatizó que le pidió a Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que se inhiba de la votación. Sin embargo, ella también respaldó la denuncia a pesar de que ya había adelantado opinión sobre el tema.

“Hemos adjuntado el video donde ella había adelantado juicio, ella ha debido de inhibirse sin embargo no lo ha hecho”, agregó. Finalmente, añadió que el presidente de la Comisión Permanente, José Williams, deberá resolver el pedido este lunes a primera hora que Castillo Terrones está citado para este miércoles a las 9 de la mañana.

La denuncia contra Castillo Terrones recomienda que este sea inhabilitado por cinco años del ejercicio de la función pública, ello en su presunta calidad de autor y en grado de tentativa en agravio del Estado.

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