El presidente Pedro Castillo evalúa si el próximo miércoles asiste al Congreso para ejercer su defensa, tras la aprobación de un informe que pide su inhabilitación por cinco años y que se le acuse por el delito de traición a la patria.
José Palomino, uno de sus abogados, confirmó la información en RPP y señaló que durante la noche del viernes recibieron la notificación del Congreso y que ya respondieron que harán “uso de la palabra” en la reunión de la Comisión Permanente a la que fue invitado el gobernante.
“Si el presidente irá, es algo que todavía no se ha definido, pero en el documento dice taxativamente que está concediendo el uso de la palabra. Y esa formalidad, el derecho del uso de la palabra, naturalmente tenemos que llevarla a términos de desarrollo”, acotó.
Palomino confirmó que él intervendrá “como abogado defensor”, pero antes tendrá “una reunión de trabajo a efectos de que el presidente decida si acude o no al Congreso”.
El abogado aseguró que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales vulneró este viernes “el debido proceso” al aprobar el informe y dijo que anteriormente han enviado oficios al presidente del Congreso, José Williams, para que se “deje sin efecto” todo lo actuado.
Cuestionó, además, que se haya actuado “de manera acelerada, vulnerando derechos fundamentales” del presidente y sostuvo que la presidenta de la Subcomisión, Lady Camones, debió abstenerse de votar porque, según acotó, había adelantado una opinión.
Palomino afirmó que Castillo no ha cometido el delito de traición a la patria y que en la aprobación del informe no se tuvo en cuenta la jurisprudencia nacional ni internacional.
“Ya la Corte Suprema ha sostenido que no se puede aplicar el delito de traición a la patria cuando no hay de por medio una condena. Y hay que seguir también los lineamientos del orden internacional, o sea del control de convencionalidad, lo que ya ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, concluyó.
El presidente del Congreso invitó a Castillo para que se presente, junto a su abogado defensor, ante la Comisión Permanente para ejercer su defensa de la acusación aprobada este viernes por la Subcomisión, con 11 votos a favor y 10 en contra.
Durante la sustentación del informe, el congresista Diego Bazán, del partido opositor Avanza País, sostuvo que Castillo declaró en enero pasado a la cadena internacional CNN que “es un derecho del país de Bolivia el acceso al mar y que consultará a la ciudadanía” peruana sobre esta posible medida.
Bazán dijo que esto “pone en grave riesgo la integridad de la nación” y que las manifestaciones de Castillo “son susceptibles de reproche” y afectaron la soberanía nacional, ya que la Constitución establece que el presidente tiene por función dirigir la política exterior, así como celebrar tratados internacionales.
Traición a la patria: ¿en qué se basa la denuncia?
Castillo reconoció en enero pasado a CNN que reclamó el “mar para Bolivia” durante una conferencia de profesores de Latinoamérica a la que asistió en La Paz en 2018, cuando ni se planteaba ser candidato presidencial.
“No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia. Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera”, anotó.
Bolivia perdió su acceso al océano Pacífico durante la Guerra del Pacífico (1879-1883), por lo cual demandó a Chile en 2013 ante la Corte Internacional de La Haya para negociar una salida marítima, pero el tribunal desestimó su petición.
El presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) ya cedió en 1992 a Bolivia una franja de 5 kilómetros llamada Bolivia Mar, en el puerto sureño de Ilo, una decisión que fue profundizada en 2010 por Alan García (2006-2011), que renovó, por un periodo de 99 años, una zona franca marítima, sin soberanía, para el país vecino.
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