La Contraloría General de la República planteó, en un informe presentado el pasado 26 de octubre, denunciar penalmente al hermano de la vicepresidenta de la República Dina Boluarte.
Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra enfrenta dicha recomendación debido a su contratación con la Municipalidad de Pueblo Libre, el cuatro de agosto del pasado 2021, pese a que la ley estipula que tiene prohibido hacerlo; según detalla un informe de Diario El Comercio.
Pese a esta situación, la institución fiscalizadora recoge que el familiar de la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) declaró, ante el municipio, que no estaba impedido de contratar allí.
Según precisó la entidad, este presentó una declaración jurada donde aseguró que no contaba con algún impedimento para desarrollar labores en la comuna, ello a pesar “que se encontraba impedido por ser hermano de la primera vicepresidenta de la República”.
Cabe precisar que Dina Boluarte permanece en el mencionado cargo desde el 28 de julio del 2021, por esta razón, la Contraloría considera que se “afectó la transparencia, imparcialidad y legalidad en el correcto funcionamiento de la administración pública”.
Nicanor Boluarte fue contratado como asesor I del despacho de la alcaldía de la Municipalidad Distrital del citado distrito; además, se contó con sus servicios bajo la modalidad del régimen de contratación administrativa de servicios (CAS). El hecho quedó documentado en la Resolución de Alcaldía 266-2021-MPL.
En este escenario, se determinó que el sujeto “incurrió en falsa declaración presentada en un proceso” en medio de las aparentes irregularidades en el acuerdo contractual.
El procurador especializado en delitos de corrupción recibió la recomendación, de parte de la Contraloría, de iniciar con las diligencias correspondientes contra Nicanor Boluarte y otros funcionarios de la mencionada municipalidad. Según fuentes del citado diario, las autoridades ya fueron notificadas del caso y permanecen evaluando la situación para tomar las respectivas acciones.
Contratos
El hermano de la vicepresidenta cobró los meses de agosto y septiembre del 2021 sumas de S/8 370 y S/9 300, respectivamente, según recoge el informe de la Contraloría General de la República.
Para la institución, esta situación transgredió la Ley de Contrataciones del Estado (30225) donde se regula, en el artículo 1, los impedimentos para que los familiares de los vicepresidentes de la República, así como los ministros de Estado, contraten con entidades públicas.
Según precisa la norma, no se pueden realizar contrataciones durante el ejercicio del cargo de sus familiares y hasta doce meses después de la conclusión de estas funciones.
Nicanor Boluarte Zegarra, en declaraciones que recoge la documentación correspondiente, aseguró que sus contrataciones se realizaron debido a que fue invitado, por el entonces alcalde del municipio de Pueblo Libre, a formar parte de un grupo de asesores de confianza en julio del 2021. Por ello, señaló, presentó su legajo personal en la comuna.
Asimismo, este calificó como “absolutamente subjetivas y arbitrarias” las conclusiones de la entidad, en diálogo con el medio periodístico citado líneas arriba, y consideró perfectamente “legal” su contratación.
“Pasé por la evaluación de las instancias respectivas de la municipalidad (de Pueblo Libre)”, afirmó. Mientras tanto, la comuna del distrito afirmó que por tratarse de un contrato bajo servicios CAS, regulado por el Decreto Legislativo 1057, no ocurrió ningún impedimento legal en el marco del no sometimiento a la Ley de Contrataciones del Estado.
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