En el último día de actividades, la CADE Ejecutivos 2022 organizó el debate “Control de daños del deterioro institucional” con la participación de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios; la fiscal de la Nación, Patricia Benavides y la defensora del Pueblo, Eliana Revollar.
En su primera intervención la fiscal de la Nación, Patricia Benavides destacó que “el Ministerio Público tiene como misión constitucional la defensa de la legalidad y para ello debe perseguir el delito”.
En esa línea, mencionó que en la historia de la institución que preside se han vivido diversas crisis de institucionalidad y demasiados casos de corrupción. “Por ello, la corrupción es un delito que afecta los derechos humanos y eso debe quedar claro”, recalcó Benavides.
Además, resaltó que “no podemos permitir que en el Perú se normalice la corrupción, porque afecta las bases institucionales de un Estado de Derecho. El Ministerio Público perseguirá el delito para lograr el orden democrático del país”.
Asimismo, hizo referencia a la denuncia constitucional presentada en contra del presidente Pedro Castillo. “Continuaremos con la investigación abierta por mi predecesor contra el Presidente de la República”, aseveró la máxima autoridad del Ministerio Público y que “una forma de reforzar la institucionalidad es acercar la justicia a la población y, para eso, hemos iniciado un proyecto de carga cero, que permitirá incrementar la capacidad decisora de todos los fiscales a nivel nacional”
Benavides precisó que una vez presentada la denuncia constitucional, el trámite es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República, conforme lo señala la constitución y las normas vigentes.
Durante el desarrollo de la actividad reiteró que “todos los poderes del Estado, organismos institucionales y sociedad civil debemos ser conscientes que la base del estado de derecho es contar con instituciones sólidas y con una cultura organizacional basa en la ética”,
Trabajo fiscal
Patricia Benavides aprovechó el debate para remarcar que el trabajo de los fiscales requiere de autonomía e independencia para un adecuado y certero desarrollo de sus funciones. “Un país democrático requiere que todos los fiscales cuenten con la autonomía e independencia para el cumplimiento de su misión constitucional de investigar y perseguir el delito”, puntualizó.
“Nuestro trabajo es netamente técnico jurídico, actuamos dentro de los cauces de la ley y objetividad, investigando caiga quien caiga y pese a quien le pese”, aseveró en medio de los aplausos de la audiencia que se dio cita en Paracas.
En ese sentido, enfatizó que los fiscales mantienen su compromiso con el respecto y la lucha por la institucionalidad, y prueba de ello, es que en enero del 2023 se terminará de procesar al 100% los audios del caso ‘Los cuellos blancos’, “a fin de que la verdad se conozca por completo”.
“Un país de democrático con instituciones sólidas y sin corrupción tiene como efecto una mayor seguridad y predictibilidad en las decisiones fiscales. Además, se ha dispuesto un reforzamiento en las acciones de prevención de atención inmediata en los delitos vinculados a la inseguridad”, destacó.
Finalmente, sostuvo que un país con corrupción e inseguridad no puede alcanzar el desarrollo económico que necesita, y por ello instó a sector público y privado a trabajar en conjunto teniendo como único fin el Perú.
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