Mirtha Vásquez, expresidenta del Consejo de Ministros, calificó de “absurdo y ridículo” el acuerdo del Congreso para suspender el pleno previsto de este jueves debido a los posibles actos de violencia por ‘La toma de Lima’, una marcha convocada por movimientos sociales y políticos en rechazo a la actuación del Parlamento, dominado por la oposición al Gobierno de Pedro Castillo.
“El Congreso nunca se cerró ante las protestas, ni en el 2020 que más del 80% de la población rechazaba lo que leyeron como un golpe parlamentario. ¿Temor, debilidad o torpeza? Pésimo mensaje. Fortalecen al Ejecutivo con estos desatinos”, tuiteó Vásquez, una de las primeras voces en reaccionar al anuncio del Parlamento.
Diana Chávez, coordinadora de Proyecto de la Asociación Civil Transparencia Perú, también se refirió a la disposición de la mesa directiva con la finalidad, según un comunicado, “de salvaguardar la seguridad de los congresistas, así como del personal del Congreso de la República”.
“Ni con [Manuel] Merino [ocurrió esto]. Un poquito de por favor”, expresó la abogada en Twitter, donde también compartió un video donde funcionarios del Congreso aparecen reforzando su seguridad y con puertas cerradas.
Legisladores hablan
Por su parte, la congresista de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, consideró que el Parlamento debería continuar con sus labores para atender las necesidades de la población.
“No comparto la idea de suspender las actividades del Congreso por una de las tantas amenazas del gobierno. ¡A más amenazas, más trabajo!”, publicó la parlamentaria en un tuit que fue borrado luego de que la vocera de la bancada fujimorista, Patricia Juárez, indicara que “es saludable que la Mesa Directiva haya tomado la decisión” por razones de seguridad y respeto a la integridad física de los trabajadores del Parlamento.
A su turno, el legislador Alex Paredes (Bancada Magisterial) indicó que la suspensión del pleno no está justificado y señaló que “la protesta no se puede satanizar”.
¿Qué es ‘La toma de Lima’?
Desde este miércoles empezaron a circular por redes sociales varios carteles con la convocatoria de una movilización ciudadana en Lima, programada para el jueves 10 de noviembre a partir de las 15.00 horas.
La marcha, denominada ‘La toma de Lima’ o ‘10-N’, está promovida por organizaciones ciudadanas y grupos políticos que rechazan la actuación del Congreso y se muestran en contra de la nueva moción de vacancia presidencial que están preparando en el Parlamento varios grupos de la oposición.
Además, piden la renuncia de la fiscal de la Nación Patricia Benavides, y exigen una nueva Constitución política que sustituya la vigente, aprobada en 1993 durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
La convocatoria de la protesta tiene dos puntos de partida en el centro histórico de la capital del país, la Plaza Dos de Mayo y la Plaza San Martín, ambas ubicadas a escasos metros de la sede parlamentaria.
Fricciones
Desde que asumieron el poder en julio del año pasado, las fricciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo han sido una constante en Perú.
En quince meses de gestión, el presidente Castillo ha sorteado dos intentos fallidos de la oposición parlamentaria para sacarlo del poder y acumula seis investigaciones preliminares de la Fiscalía, que lo acusa, entre otros, de encabezar una supuesta organización criminal en el Gobierno para obtener ganancias ilícitas de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
En octubre pasado, la fiscal Benavides presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el mandatario, quien ha negado todas las imputaciones, que también salpican a varios miembros de su Gobierno y de su entorno familiar más íntimo.
Ante esta denuncia, que ahora está en manos de una subcomisión parlamentaria, Castillo solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) la aplicación de la Carta Democrática Interamericana tras denunciar la existencia de un “complot” por parte de un sector de la oposición, de la prensa y del Poder Judicial para sacarlo del poder mediante lo que calificó como una “nueva modalidad de golpe de Estado”.
El sábado pasado, movimientos sociales y partidos políticos de la oposición realizaron una marcha en Lima y otras ciudades del país, donde miles de ciudadanos exigieron la renuncia o la destitución del mandatario.
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