El último lunes 7 de noviembre, en horas de la tarde y noche, el presidente Pedro Castillo recibió en Palacio a los dirigentes que convocaron a la marcha ‘La toma de Lima’, que se desarrolla este jueves en el Centro de Lima en apoyo al Gobierno y en contra del Congreso. La cita se extendió por más de tres horas, según un informe de La República.
De acuerdo al registro de visitas de Presidencia, los visitantes fueron identificados como Marino Flores Marino, de la Comisión Organizadora del Frente Agrario; Julia Bazán Figueroa, representante de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CGTP); Martínez Cabezas Pizarro de la Fencaao y Segundo Fernandez Tenorio, de la Asociación Nacional Criadores de Ganado de la Raza Fleckvieh.
Según el informe periodístico, el dirigente Flores Marino ingresó dos veces a Palacio para reunirse con el mandatario: la primera visita se dio a las 9.00 a. m. hasta las 9.30 a. m. y el segundo diálogo tuvo lugar junto a sus compañeros dirigentes a las 5.00 p. m. En aquella ocasión permanecieron por más de dos horas.
En la víspera, el Congreso decidió suspender el pleno previsto para esta jornada ante posibles actos de violencia ante ‘La toma de Lima’ o ‘10-N’, promovida por organizaciones ciudadanas y grupos políticos que rechazan la actuación del Congreso y se muestran en contra de la nueva moción de vacancia presidencial que están preparando en el Parlamento varios grupos de la oposición.
A través de un comunicado, el oficial mayor del Legislativo, José Cevasco, indicó que la mesa directiva del Parlamento dispuso la suspensión del pleno “con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los congresistas, así como del personal del Congreso de la República”.
‘La toma de Lima’ también promueve una nueva constitución y el cierre del Legislativo que preside José Williams. A primeras horas, los manifestantes bloquearon la avenida Abancay y se instalaron en las inmediaciones del Parlamento; sin embargo, una rápida acción policial motivó que la medida de protesta sea pacífica.
Fricciones entre poderes
Desde que asumieron el poder en julio del año pasado, las fricciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo han sido una constante en Perú.
En quince meses de gestión, el presidente Castillo ha sorteado dos intentos fallidos de la oposición parlamentaria para sacarlo del poder y acumula seis investigaciones preliminares de la Fiscalía, que lo acusa, entre otros, de encabezar una supuesta organización criminal en el Gobierno para obtener ganancias ilícitas de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
En octubre pasado, la fiscal Benavides presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el mandatario, quien ha negado todas las imputaciones, que también salpican a varios miembros de su Gobierno y de su entorno familiar más íntimo.
Ante esta denuncia, que ahora está en manos de una subcomisión parlamentaria, Castillo solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) la aplicación de la Carta Democrática Interamericana tras denunciar la existencia de un “complot” por parte de un sector de la oposición, de la prensa y del Poder Judicial para sacarlo del poder mediante lo que calificó como una “nueva modalidad de golpe de Estado”.
El sábado pasado, movimientos sociales y partidos políticos de la oposición realizaron una marcha en Lima y otras ciudades del país, donde miles de ciudadanos exigieron la renuncia o la destitución del mandatario.
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