Un año lleva insistiendo la congresista Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, para que el Parlamento apruebe su proyecto de ley, que busca fomentar la deforestación de la Amazonía. El pasado 14 de julio de 2022, la propuesta legislativa obtuvo suficientes votos en el Pleno del Congreso, pero el Poder Ejecutivo la observó, por lo que volvió a manos de la Comisión Agraria.
Allí, los congresistas volvieron a votar a favor del proyecto de ley, sin realizar cambios de fondo, pese a leer las razones por las que la iniciativa atentaba contra el medio ambiente, en un comunicado firmado por el presidente de la República, Pedro Castillo, y el premier, Anibal Torres.
El dictamen, aprobado por insistencia en la Comisión Agraria, tendrá que ser debatido en el Pleno del Congreso para decidir si se convertirá en Ley. La Defensoría del Pueblo, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, el Colegio de Biólogos del Perú, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin drogas DEVIDA, entre otras organizaciones civiles expresaron su disconformidad con esta iniciativa legislativa. Esperan que el Poder Ejecutivo observe nuevamente la iniciativa.
Atentan contra Ley Forestal y de Fauna Silvestre
La Comisión Agraria del Congreso aprobó el 4 de noviembre de 2022 un dictamen por insistencia que busca modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Lo que se pretende es modificar el artículo 29 y 33 de la norma, y sumarle dos disposiciones complementarias transitorias, además de una disposición complementaria final.
De acuerdo al Poder Ejecutivo, la disposición complementaria final, tal como está redactada, permite que las personas que poseen tierras en la Amazonía desarrollen sobre ellas actividades de agricultura o ganadería, sin que el Ministerio del Ambiente les dé permiso.
Actualmente, el Estado peruano exige que los poseedores de tierras en la Amazonía se ciñan al artículo 38 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Esta norma indica que el Ministerio del Ambiente debe estudiar los suelos para saber si son forestales, de protección o aptos para la agricultura.
Si son tierras forestales y de protección, no pueden realizarse actividades agropecuarias, pues no sirven para ser trabajadas, sino para proteger a ecosistemas frágiles, preservar la biodiversidad y capturar dióxido de carbono, lo que frena la contaminación ambiental. Las tierras forestales y de protección también representan la identidad de las comunidades amazónicas.
Tania García, comisionada del área de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo, también advirtió que este tipo de suelos tampoco deben ser otorgados en posesión ni en propiedad de ninguna persona.
“Si se determina que es una tierra forestal o de protección, de ninguna manera puedes hacer actividades agropecuarias. Ni siquiera pueden entregarte esas tierras ni en posesión ni en propiedad ¿Qué se busca con esto? Se busca proteger el recurso suelo porque el recurso suelo sostiene todo un ecosistema”, explicó.
Cuando el Ministerio del Ambiente determina que un tipo de suelo es apto para hacer agricultura, la norma obliga a los poseedores de las tierras que tramiten dos permisos: el cambio de uso de suelos y la autorización de desbosque.
Tras realizar ambos procedimientos, el sector Ambiente concluye cuánto porcentaje del total de tierra es apto para que se realicen cosechas o se críen animales.
Pero la propuesta aprobada por la Comisión Agraria del Congreso también permitiría que los poseedores de tierras se salten estas exigencias, descritas en el reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
Se tardaron dos años en crear esta norma precisamente porque requirió que se realice una consulta previa a las comunidades amazónicas para saber qué procesos debían seguir con el fin de evitar que los suelos forestales y de protección sean deforestados.
Ahora, con el permiso que el Congreso les daría para explotar tierras forestales y de protección, los poseedores talarían los árboles y sobre los suelos realizarían actividades agropecuarias. Es decir, el Parlamento busca que se exploten tierras que en realidad no deben tocarse y que ciudadanos y empresas ya no tengan que solicitar las autorizaciones que la Ley exige.
“Ello representa una amenaza de deforestación masiva y pone en peligro la existencia de los bosques en la Amazonía. (...) Así, si en un predio rural que en general viene siendo utilizado para la agricultura y la ganadería, que adicionalmente tiene una parte de bosque, podrá ser utilizado para aquellas actividades económicas, con la consecuente tala y quema para su cambio de uso”, señaló el Poder Ejecutivo.
Bosques en peligro
El Programa Nacional de Conservación de Bosques y Cambio Climático identificó mediante un estudio que la deforestación en la Amazonía peruana aumentó en 2020, año en que se deforestaron 203.272 hectáreas de bosques, 37% más que en 2019.
Los ecosistemas más degradados se ubicaban en Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de Dios y Cusco.
Con menos bosques en la Amazonía, se estaría capturando menos carbono. De esta forma, se hace imposible que el Perú cumpla con sus compromisos ante la Convención de Cambio Climático, como por ejemplo, reducir en un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030.
“Sin embargo, el nivel de deforestación alcanzado en 2020 y que podría repetirse en 2021, pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos asumidos”, detectó el Ejecutivo.
Los cambios que el Congreso busca hacerle a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre aumentarían la deforestación y propiciaría que esta meta sea aún más inalcanzable.
El Ejecutivo también precisó que la autógrafa de ley, aprobada en el Pleno, carecía de análisis de posibles impactos en el bosque, como la deforestación masiva y el daño a los recursos forestales y de fauna silvestre. Además, violaría la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Constitución.
A pesar de esto, la Comisión Agraria volvió a votar a favor de la propuesta sin hacerle cambios que eviten perjudicar a la Amazonía.
Tania García, de la Defensoría del Pueblo, afirmó que los cambios que hicieron al proyecto de ley observado son más peligrosos y fomentan la deforestación de bosques.
“Con los cambios hechos, ya no se requeriría clasificación de tierras, cambio de uso de la tierra; ya no sería importante que respetes la zonificación ecológica y económica. Tampoco se pediría la zonificación forestal”, señaló.
Las zonificaciones mencionadas ayudan a determinar la utilidad de cada tipo de suelo. Si la propuesta legislativa se aprueba tal y como está se liberaría de más permisos a los poseedores de tierras en la Amazonía.
Para la especialista, esta iniciativa legislativa no resolverá los problemas de los agricultores porque los suelos forestales y de protección no sirven para actividades agropecuarias. Suelen durar hasta cinco años si es que no se usan fertilizantes y químicos, detalle que sería poco conveniente para los agricultores.
“Se tienen millones de hectáreas en la sierra que sí son aptas para hacer agricultura. Se puede promover la agricultura en tierras que efectivamente son aptas para ello. Pero lo que hacen más bien, en lugar de buscar soluciones, es deforestar la biodiversidad. No importa si con esto afectan territorios indígenas porque ese es otro componente humano importantísimo”, comentó.
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