El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, consideró que la ministra de la Mujer, Claudia Dávila, debería ser censurada por minimizar los ataques misóginos del premier Aníbal Torres contra la periodista Sol Carreño.
Para Dávila, las expresiones de Torres fueron “desafortunadas”, aunque después calificó al primer ministro de “caballero”.
“A la ministra de la Mujer hay que censurarla. Las respuestas que ha dado realmente son asombrosas, asombrosas para lo malo”, señaló Montoya a la prensa.
El parlamentario también exigió al mandatario Pedro Castillo separar de su cargo al premier. “Si respeta a su madre, el presidente, que lo saque (a Aníbal Torres). Ha ofendido a todas las mujeres”, manifestó.
Varios congresistas de diferentes tintes políticos, organizaciones feministas y de periodistas criticaron a Torres por unas expresiones misóginas al acusar durante un acto público a una periodista de ser “mala madre” y “mala esposa”.
Torres lanzó estas declaraciones el jueves pasado durante una actividad en el Palacio de Gobierno, donde aseguró que un “pequeño grupo de poder económico, que ahora tiene el poder mediático, tiene la manía de imputar todo lo malo que existe en el país al (presidente) Pedro Castillo o a su Gobierno”.
“Ustedes seguro han visto un programa de televisión el día domingo en la noche en donde una conductora, muy bien preparada según ella, saca una carretera, no asfaltada, y yo les pregunto: ¿es la única carretera que no está asfaltada? Todo el Perú se encuentra así, esa es la realidad que nos han dejado los gobiernos anteriores”, expresó Torres.
Y continuó: “¿Por qué esa señora hace eso y manipula a unas personas del lugar, aprovechándose de su escaso conocimiento? Para hacer daño, nomás, al Gobierno”.
La periodista en cuestión, Sol Carreño, respondió a los ataques del primer ministro, durante el programa que presenta en América Televisión.
“Consideramos (sus agravios) poco dignos de un caballero de su edad y de su educación, (los) consideramos profundamente machistas porque, en primer lugar, no se refirió en ningún momento al reportero, hombre, ni al director, hombre, sino que solo se refirió a esta conductora”, señaló Carreño.
Agregó, sin embargo, que las declaraciones de Torres “no llaman la atención porque el presidente del Consejo de Ministros suele tener esos exabruptos, en algún momento ha manifestado su admiración a Hitler por considerarlo un gobernante eficiente y además suele atacar a la prensa”, dijo.
Críticas
A raíz de la respuesta de Carreño, el caso tomó protagonismo en las redes sociales, donde varios congresistas y organizaciones civiles se solidarizaron con la periodista e instaron al primer ministro a disculparse.
“¿Quién tiene autoridad para juzgar aspectos estrictamente personales? ¿Mala madre, mala esposa, mala hija? ¿Qué cosa? El premier perdió la brújula. Mi solidaridad con Sol Carreño. Escandaloso”, escribió en Twitter la legisladora progresista Susel Paredes.
En el mismo sentido se expresó la diputada conservadora Martha Moyano, del partido fujimorista Fuerza Popular, quien tachó a Torres de ser un “machista capaz de enviar a la hoguera a una mujer que se atreva tan solo a pensar”.
Sobre la polémica también se pronunciaron organizaciones feministas como Manuela Ramos, que aseguró que las afirmaciones del primer ministro “se basan en prejuicios y estereotipos que mellan su dignidad”.
“Es un acto de discriminación utilizar un alto cargo público y la palestra del Estado para emitir afirmaciones estereotipadas y discriminadoras sobre las mujeres. Premier, debe disculparse con la periodista”, coincidió la organización Flora Tristán, que insistió en que “es completamente discriminatorio verter ataques a periodistas o cualquier mujer vinculando la maternidad”.
También se pronunciaron gremios periodísticos, entre ellos el Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, que a través de un comunicado expresaron su rechazo a los “agravios personales” del primer ministro y lamentaron que “la narrativa” del Ejecutivo “sea atacar, dividir y polarizar al país”.
“El gobierno y sus autoridades deben respetar los principios de libertad de expresión y de prensa, principios constituyentes de un estado democrático”, sentenciaron.
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