CADE 2022 llegó a su fin en medio de un llamado al diálogo y el desaire del presidente Pedro Castillo

Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial, rechaza manifestaciones violentas en Lima

Defensora del Pueblo habla de la marcha ‘Toma de Lima’ y la crisis política

La presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Adriana Urrutia, manifestó que el Perú necesita más consensos, promover el diálogo y dejar de atacarnos para empezar a trabajar en conjunto para atender las necesidades urgentes de nuestro país. “Quizás así nos pongamos a pensar qué cosa podemos hacer en conjunto para el país y encontrar palabras que tiendan puentes y no que levanten muros”.

Gonzalo Galdos, presidente de IPAE y organizador de este encuentro empresarial inicia discurso de clausura de la 60° edición de CADE 2022.

“Desde este CADE, IPAE Acción Empresarial no es tan solo una institución sino un símbolo que nos recuerda que nuestro propósito no es solo hacer empresa, sino que este es el medio más efectivo para construir desarrollo”.

La presidenta de Transparencia, Adriana Urrutia, habló sobre la llegada de la misión de la OEA y la crisis política del Perú y manifestó que la crisis ha hecho que mitad de ciudadanos en el Perú no cree en la democracia. Además, cómo el retroceso en derechos y la educación con enfoque de género

El ministro de Trabajo, Alejandro Salas, indicó que el presidente Pedro Castillo no irá a la clausura del encuentro empresarial CADE 2022 “porque considera que aquí tiene cosas más importantes que cumplir”.

“Él no va a ir a CADE, tiene una serie de actividades que cumplir en Lima y considera que es más importante atender los campos sociales que ir hasta Paracas”, dijo Salas

La fiscal Benavides también sostuvo que se está haciendo “un grave daño a la institucionalidad del país” al no respetar la separación de poderes. “Todos los fiscales deben contar con la autonomía e independencia para el cumplimiento de su misión de investigar y perseguir el delito”.

“No podemos trabajar bajo ningún tipo de presión política, mediática ni ideológica. Actuamos dentro de la ley y la objetividad”, en clara referencia a los ataques que ha recibido la Fiscalía de la Nación desde que inició las investigaciones contra el presidente Poder Judicial.

“Promovemos la unidad de todos los integrantes de nuestra institución, para devolverle al país la confianza en sus fiscales. Estamos comprometidos con la lucha contra la corrupción en favor de la institucionalidad del país”, dijo.

De otro lado, manifestó que “en el caso de los “Cuellos blancos”, solo encontramos el 15% de los audios procesados pero devolveremos en 6 meses el 100%. Es una promesa a fin de que se conozca la verdad completa”.

En otra intervención en CADE 2022, Elvia Barrios sostuvo que “la falta de celeridad en el sistema de justicia impacta contra la credibilidad del sistema. Por eso hemos incrementado la productividad de los jueces”.

“Hemos creado una Sala Suprema Penal Especializada que solo resuelve conflictos específicos y así logramos una gran descarga de trabajo. El sistema de pesos y contrapesos es fundamental, así como el respeto y la actuación diligente de cada institución”, dijo durante el encuentro empresarial

“Hay un gran proyecto entre las instituciones del sistema de justicia para contar con expedientes judiciales electrónicos en todas las especialidades en tres años como máximo. Adiós al papel”.

La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, sostuvo “es importante recordar que la Defensoría del Pueblo nació en 1996, cuando el país atravesaba una crisis en la que la ciudadanía exigía más democracia y menos autoritarismo. En esa coyuntura, logramos sentar las bases de una Defensoría que genere confianza en la población”.

“Hoy atravesamos una crisis en la que nuevamente se ve amenazada la democracia, pero -a diferencia de antes- en esta ocasión sí se ha abierto una investigación a un Presidente en funciones. Las políticas públicas y la gobernanza están bajo ataque. Debemos defender los derechos de las personas y supervisar la administración pública”, manifestó

Indicó además que “todos los funcionarios públicos tienen el deber de cumplir con su responsabilidad para la nación y todo el Estado es responsable de defender los Derechos Humanos. Somos una institución que promueve derechos, pero tampoco avalamos la denuncia sin fundamento. La ciudadanía también debe ser responsable”.

“Si tenemos un país con cifras de pobreza enormes, tenemos que pensar en la democracia y en la separación de poderes. Todos deben respetar la autonomía y la independencia”.

La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides indicó que “el Ministerio Público tiene como misión constitucional la defensa de la legalidad y para ello debe perseguir el delito”.

“En nuestra historia hemos vivido diversas crisis de nuestra institucionalidad, demasiados casos de corrupción. Por ello, la corrupción es un delito que afecta los derechos humanos y eso debe quedar claro”, recalcó Benavides.

Resaltó que “no podemos permitir que en el Perú se normalice la corrupción, porque afecta las bases institucionales de un Estado de Derecho. El Ministerio Público perseguirá el delito para lograr el orden democrático del país”.

“Continuaremos con la investigación abierta por mi predecesor contra el Presidente de la República”, aseveró la máxima autoridad del Ministerio Público y que “una forma de reforzar la institucionalidad es acercar la Justicia a la población y, para eso, hemos iniciado un proyecto de carga cero, que permitirá incrementar la capacidad decisora de todos los fiscales a nivel nacional”