Alejandro Toledo: Ministerio Público solicitó 35 años de prisión por caso Carretera Interoceánica

Este miércoles 9 de noviembre, la Fiscalía anunció el pedido de más de tres década de prisión para el exmandatario peruano, Alejandro Toledo, por su supuesto vínculo con el caso Carretera Interoceánica, por el cual continúa siendo investigado, a pesar que reside en Estados Unidos.

Como se recuerda, el Ministerio Público continúa desde hace algunos años con un proceso contra el expresidente por vínculos con diversos delitos en contra el Estado, como soborno, especialmente de parte de la constructora brasilera Camargo y Correo.

Según las primeras hipótesis de las autoridades peruanas, dicha empresa resultó favorecida en la licitación del tramo cuatro de un parte de la carretera de nuestro país. Por este y otros motivos, la justicia inició trámites para retornarlo al Perú, sin embargo, hasta el momento, no se ha podido concretar.

El Equipo Especial que se dedica a evaluar y realizar el monitoreo de los casos Odebrecht y Lava Jato, señaló hace algunas horas, que están solicitando 35 años de prisión para Alejandro Toledo con respecto a una licitación sobre la construcción de carreteras.

Por su parte, la Fiscal Diana Canchihuaman Castañeda, acusó al exjefe de Estado por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos en perjuicio del estado a raíz de este caso, lo cual continúa en proceso y se atraviesan diversas etapas de investigación.

Del mismo modo, la magistrada también pidió 16 años y 8 meses de prisión para Avrahan Dan On, ex jefe de Seguridad de Alejandro Toledo. Dentro de su solicitud se incluye 29 años y 04 meses de cárcel para el exrepresentante de la empresa Camargo y Correa S.A, Sucursal del Perú, Marcos de Moura Wanderley, quienes hasta la fecha se encuentran dentro de este proceso penal.

Sin embargo, la representante del Ministerio Público confirmó que demandó la disolución y liquidación de esta empresa y que se le imponga el pago de una multa de 553.073.694 de dólares en este caso. También se conoció hace unos días que la magistrada solicitará que se requiera la extradición del exmandatario peruano a las autoridades de los Estados Unidos.

Otro pronunciamiento, realizado hace algunas horas, es el de la Fiscal Canchihuaman Castañeda quien solicitó además, 22 años, 02 meses y 02 días de prisión para Rafael Bravo Orellana y Alberto Pasco Font Quevedo, ambos personajes están implicados en este caso.

De acuerdo al escrito presentado por las autoridades del Ministerio Público, también se solicita el sobreseimiento o archivo del delito de lavado de activos que se atribuía en este caso al empresario y colaborador eficaz Josef Maiman , quien falleció el 08 de octubre del año pasado.

Todos los detalles de la acusación fiscal fue remitida al despacho del Juez Richard Concepción Carhuancho, quien confirmó la programación de la audiencia de control de requerimiento mixto para el próximo 27 de diciembre desde las 9 de la mañana en la sede del Poder Judicial.

Mientras tanto, el Juez Concepción Carhuancho dispuso que esta audiencia es de carácter “inaplazable” y de asistencia obligatoria para las partes que intervienen en este caso. Con respecto a Alejandro Toledo es importante precisar que ya pesan dos acusaciones fiscales en su contra de 20 años y 06 meses de prisión.

Asimismo, se ha pedido 16 años y 08 meses de cárcel para el exjefe de Estado por los casos Carretera Interoceánica Sur, tramos dos y tres, así como el denominado caso “Ecoteva”. Hasta la fecha se conoce que la justicia peruana ya pidió a las autoridades de los Estados Unidos que aprueben las solicitudes que presentaron para que se ordene la extradición del exmandatario.

Solo de esta manera, Alejandro Toledo podrá responder por los cargos que se le atribuyen en estos dos casos. Según lo anunciado por la Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato, existen correos electrónicos incautados a Marcos de Moura Wanderley.

Dichos emails hacen referencia a este soborno, así como depósitos en las cuentas de Josef Maiman desde una empresa “off shore” vinculada a compañías brasileñas.

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