TC programa para el 15 de noviembre la audiencia de habeas corpus de Pedro Castillo que busca anular la denuncia por traición a la patria

La defensa legal del presidente de la República recurrió al máximo interprete de la Constitución para buscar la anulación del proceso que sigue la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

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Pedro Castillo enfrenta una tercera
Pedro Castillo enfrenta una tercera moción de vacancia que continúa recolectando firmas.

El Tribunal Constitucional decidió fijar el 15 de noviembre como la fecha en la que la defensa legal del presidente de la República, Pedro Castillo, sustentará su recurso de habeas corpus que busca anular la denuncia por el presunto delito de traición a la patria que se debate en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República.

La audiencia se realizará a las 9 de la mañana del citado día. Allí, los abogados del jefe de Estado presentarán los datos que se han recopilado en la investigación y las diligencias correspondientes iniciadas tras la admisión a trámite del recurso legal. Además, enfatizarán que los miembros de la SAC habrían incurrido en la vulneración de varios derechos de Castillo Terrones.

Como se recuerda, el lunes pasado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales comenzó el debate del informe final que recomienda que Castillo Terrones sea acusado constitucionalmente por traición a la patria y tenga una inhabilitación para ejercer la función pública por un periodo de cinco años al deslizar la posibilidad de otorgarle una salida al mar a Bolivia durante una entrevista que concedió a la cadena CNN en Español.

Sin embargo, la sesión se suspendió y se retomaría hoy.

La sentencia del Tribunal Constitucional
La sentencia del Tribunal Constitucional fue dada a conocer durante el último viernes. Foto: Andina

Si el informe se aprueba en la SAC, pasa a discutirse a la Comisión Permanente, donde también debería recibir el visto bueno y así llegue a la última instancia: el Pleno.

En el Pleno del Parlamento se tendrán dos escenarios para respaldar la acusación por traición a la patria contra Castillo: el antejuicio político y el juicio político.

Con el primero se permitirá levantar la inmunidad presidencial y el juicio continuaría ante la Corte Suprema del Perú contra el presidente. Por su parte, el segundo tiene tres sanciones: destitución, inhabilitación o suspensión. En este caso, solo se necesitan 66 votos.

Cuestionan denuncia

De otro lado, Benji Espinoza criticó la denuncia constitucional por el presunto delito de traición a la patria contra el presidente Castillo. “Es un informe inconsistente, jurídicamente deficiente y no debería pasar el control que tiene que hacerse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso”, agregó.

Para el letrado, el mandatario Castillo Terrones no habría incurrido en el delito de traición a la patria porque no llegó a proponer un referéndum para consultarle a la población peruana si desea ceder mar al país del sur.

Benji Espinoza, abogado del presidente
Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo. (Agencia Andina)

“No corresponde seguir con el trámite de esta denuncia constitucional. El presidente en ningún momento, en la entrevista, habla de ceder territorio o entregar soberanía [a Bolivia]. En ningún momento esto se ha hecho”, sostuvo.

Por su parte, el congresista Guillermo Bermejo agregó: “Traición a la patria fue regalar Tiwinza y comprar armas defectuosas en plena Guerra con el Ecuador. Sacar cocaína en el avión Presidencial, eso es traición a la patria. Traición a la patria fue venderle armas a las Farc para intentar meternos a una guerra con Colombia. Cobrar cupos a los Narcos, eso es traición a la patria. Querer convertir una opinión en una entrevista, sobre un referéndum que no se dio, para darle salida al mar a Bolivia en traición a la patria es un mamarracho jurídico parte del plan de los golpistas. Las cosas como son”.

Finalmente, la exministra Anahí Durand mencionó que “la acusación por “traición a la patria” en la SAC del Congreso es un mamarracho jurídico, una burda maniobra para destituir al presidente. Los congresistas que la promueven lo saben pero pisotean la razón y la ley con tal de lograr el objetivo. Peligroso para la democracia”.

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