Niños de comunidades awajún y wampís se quedan sin acceso a pensión por orfandad pese a pobreza

Isaula Tsamajainmajit vive en la alejada comunidad indígena awajún Kusu Numpatkain y se hace cargo de sus cuatro nietas desde que los padres de las niñas fallecieron por COVID-19. Las pequeñas, todas menores de 14 años, no tienen más sustento que el de su abuela quien hace proezas para vestirlas, alimentarlas y educarlas con lo que puede y le mal alcanza. Todas ellas sobreviven mes a mes en las precarias condiciones que les ofrece su localidad fronteriza ubicada en Condorcanqui, región Amazonas.

Y aunque Edilma, Anica, Tania y Esterina tienen el derecho a la entrega de un bono por parte del Estado de 200 soles mensuales, cada una, para cubrir sus necesidades más básicas, según establece la Ley 31405, a favor de casos como los suyos, de menores que perdieron a sus padres o cuidadores, por cualquier causa. Hasta la fecga, su abuela Isaula no ha podido tramitar este apoyo económico debido a la lejanía territorial y la falta de información en lenguas indígenas sobre este derecho. Ella solo habla awajún.

En el marco de su investigación doctoral, el antropólogo médico Rodrigo Lazo ha conocido que un total de 30 niños y adolescentes de 25 comunidades awajún y wampis no acceden, hasta la fecha, a este beneficio social, luego de que sus cuidadores murieran durante la pandemia. Tras el análisis de su muestra, él realiza una estimación prudente de un menor por comunidad nativa.

“Entonces, sabiendo que hay más de 300 comunidades awajún y wampís en Amazonas, una estimación sobria, conservadora y cuidadosa sería al menos 300 niños y adolescentes en orfandad. Y eso solo para tema de COVID-19″, indica el doctorando de la Universidad de Masachussets, quien precisa que estos menores se hallan concentrados en las provincias de Bagua y Condorcanqui.

Ante esta situación, Lazo ha enviado una carta abierta a la Defensoría del Pueblo, cuya recepción ya fue confirmada, a fin de alertar a la institución sobre esta delicada situación.

El beneficio fue aprobado por el gobierno en enero y reglamentada recién en julio. La entrega de este apoyo socioeconómico se realiza de manera bimestral y se halla a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), específicamente a través del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif).

Inicialmente, esta pensión se entregó solo a los menores que perdieron a sus padres por la COVID-19, de acuerdo al Decreto de Urgencia 020-2021, aprobado en marzo del 2021. En dicho caso, los cuidadores debían presentar el certificado de muerte por coronavirus de los padres o tutores del menor huérfano, pero ello resultaba difícil en muchos casos, ya que en la etapa más álgida de la pandemia en Perú muchas personas fallecieron en sus viviendas sin poder acceder a los servicios de salud públicos o privados.

Actualmente, los beneficiarios de esta ley son los niños y adolescentes menores de 18 años en situación de pobreza o extrema pobreza, esta condición debe ser certificada por el Padrón General de Hogares del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh). Además, ellos deben contar con el certificado de orfandad en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec).

Ahora bien, si ya el bono fue ampliado y no solo es entregado a cuidadores de menores en orfandad cuyos padres murieron por COVID-19 ¿por qué después de un año y medio los niños de comunidades nativas de Amazonas no acceden a él?

Uno de los pasos para acceder a este apoyo es que los tutores de los menores en orfandad deben solicitar esta pensión luego de descargar una serie de formatos de la página web del Inabif, medida que es sumamente difícil de cumplir para comunidades rurales y amazónicas debido a la falta de internet y de oficinas locales cercanas a ellos.

Dennys Taipe, directora de la Unidad de Desarrollo Integral de Familias (UDIF) del Inabif, explicó que los 17.000 beneficiarios iniciales del bono por orfandad COVID-19 se entregaron principalmente en zonas urbanas, debido a que eran a solicitud y porque sus tutores no tuvieron que sustentar evaluaciones socioeconómicas.

Además, la población de menores en orfandad, por toda causa, asciende a un promedio de 120.000 menores, según las cifras que Inabif recibió del Reniec. Y luego de la ampliación de la entrega del bono, se añadieron 15.000 beneficiarios más al padrón, lo que significa que poco más del 30% ha sido alcanzado.

En cuanto a este último grupo especificó que, debido a la focalización, se ha centrado en poblaciones más vulnerables de Huancavelica y Cajamarca, clasificadas como las regiones conincidencia de pobreza más alta que fluctúan entre 43,8% y 50,9%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

A todo esto hay que sumarle la desinformación.

En la comunidad donde vive la abuela Isaula hay otros seis niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad que tampoco reciben el bono de 200 soles. Por ello, las autoridades comunales realizaron una declaración jurada dirigida al Inabif en el que certifican que los padres y madres de estos menores fallecieron por COVID-19.

Al respecto, la funcionaria de Inabif señaló a Infobae que a más tardar en la quincena de noviembre enviarán un equipo de asistencia económica a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas por la norma y recabar solicitudes.

“Justamente, nosotros queremos como servicio es llegar a los más necesitados. Estamos realizando gestiones con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través de los tambos y con los PIIAS para llegar a esta población. Por la lejanía y la costumbre no es fácil un primer contacto con la población o las autoridades. Como Inabif tenemos los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (Cedif), tenemos uno en Bagua que en esta semana ha tenido actividades en comunidades. Además, hay un equipo de avanzada y de asistencia económica que va a estar una semana en la comunidad Imazita, que pertenece a Amazonas realizando redes de apoyo”, aseguró la funcionaria sobre los casos de este informe.

La región selvática de Amazonas también está catalogada como una de las regiones más pobres del país, con una incidencia del más de 30%, que precisamente afecta más a los pueblos indígenas amazónicos de esta zona.

Además, ya desde el 2014 el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social emitió la Resolución Ministerial 227-2014-MIDIS en la que disponen “se otorgue la clasificación socioeconómica de pobre extremo a las personas que forman parte de los pueblos indígenas que se ubican en la Amazonía Peruana, comprendidos en la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas, listados en la R.M. Nº 321- 2014-MC, o la que la reemplace o actualice”.

Esto último tomando solo en cuenta la pobreza monetaria, según la clasificación del INEI, aunque la segmentación ha sido considerada como estigmatizante al asociar a lo indígena con una suerte de “automáticamente pobre extremo”. Sin embargo, en Amazonas la situación es delicada, las etnias son excluidas históricamente del acceso a servicios públicos, oportunidades y a la garantía del respeto a sus derechos sociales y ambientales.

“Estamos un poco acostumbrados a que este tipo de situaciones de escasez y precariedad humanitaria ocurran en comunidades indígenas, pero son casos urgentes. Se tratan de situaciones de qué vas a comer esta noche, qué vas a desayunar y entonces es una población extremadamente vulnerable que está siendo afectada con anemia, desnutrición... con este tipo de enfermedades de la pobreza y que es urgente que el Inabif y el Mincul hagan algo al respecto”, finaliza el antropólogo Lazo.

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