El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Aníbal Torres, pidió este martes al titular del Parlamento, José Williams, que lo convoque a la próxima sesión del pleno para presentar una cuestión de confianza, que en, la práctica, fuerza al Congreso a aprobar un proyecto de reforma constitucional.
Torres envió un oficio a Williams para pedirle que lo convoque “a la primera oportunidad que sesione el pleno del Congreso a fin de plantear una cuestión de confianza”, según lo estipulado por la Constitución, que significa que pide la aprobación del Congreso para una iniciativa del Ejecutivo.
En el caso de que el Congreso niegue este voto de confianza, el Ejecutivo debe reformar su gabinete ante el rechazo del Legislativo, y, si se presenta un segundo voto de confianza negado, el mandatario estaría facultado a cerrar el Parlamento, como hizo el expresidente Martín Vizcarra en 2019.
El primer ministro solicita que el Parlamento debata y vote el proyecto de ley que deroga precisamente los temas sobre los cuales puede ser planteada la cuestión de confianza, que se limita a funciones del Ejecutivo, y se permita que sea invocado en asuntos de reforma constitucional.
Se trata de la Ley 31355 que, según el constitucionalista Omar Cairo, es totalmente “válida e impecable”. En rigor, dispone que el primer ministro, o un ministro, puede hacer cuestión de confianza solo en materias relacionadas con la política general del Gobierno.
“Si el Congreso aprueba la cuestión de confianza, esta ley queda derogada y el gabinete queda en su cargo”. Si la rechaza, caería todo el gabinete de Torres.
El premier ha recordado que el proyecto de ley planteado por el Gobierno de Pedro Castillo tiene siete meses esperando ser incluido en la agenda y le pidió que sea exonerado del trámite en comisiones.
Para Alonso Cárdenas, licenciado en Ciencias Políticas, este anuncio llega “totalmente” a destiempo: “en todo caso debió presentarse a inicios de gobierno y no casi 20 meses después, cando hay cuestionamientos por todos lados, un nivel de aprobación bajo y asesores presos o prófugos”, dijo a Infobae.
“El Congreso no va arriesgar, por tanto creo dará el visto bueno a la primera. Es la institución mas impopular del país, pero ha mejorado su cálculo”, apuntó Cárdenas.
El abogado y politólogo Juan De la Puente refirió que una cuestión de confianza para derogar una norma aprobada por el Congreso y constitucionalizada es “un imposible jurídico” y puede plantear la figura de “un gobierno con función derogatoria indirecta”.
“La cuestión de confianza es una huida hacia adelante. El pedido anuda más la crisis y puede terminar en un desorden sucesivo. Votada o no, puede terminar en un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional”, tuiteó.
Consecuencias
Milagros Revilla, magíster en Derecho Constitucional y abogada por la PUCP, matizó a este medio que el anuncio de Torres “no debería ser alarmante porque está haciendo uso de un instrumento que lo faculta la Carta Magna”.
“El asunto es que si se le deniega la confianza en una primera oportunidad, estaríamos frente a un supuesto donde se cambiaría de premier, y el perfil [del premier entrante] puede ser peor. Los altos funcionarios elegidos por el presidente no generan seguridad. Entonces, cabe preguntarse quién aceptaría el premierato, a quién pondría el presidente si todos los que ha designado tienen un perfil por lo menos irregular, sin capacidad; ese es uno de los riesgos”, señaló la especialista.
A su turno, Carlos Hakansson indicó que, de acuerdo con “las acciones y la estrategia” que tenga el Congreso, este pedido de cuestión de confianza “sería el preludio de una estrategia que tiene como conclusión la disolución del Congreso previsto en el artículo 134 de la Constitución”.
Además, consideró que es una iniciativa “concomitante” a las expresiones misóginas del premier contra la periodista Sol Carreño, a quien llamó “mala madre” y “mala esposa”. De hecho, congresistas de cuatro bancadas ya han demandado la inmediata salida del presidente del Consejo de Ministros tras estos ataques.
“El Gobierno esta contra las cuerdas, cada vez tiene menos ‘niños’ en el redil. Considero que es alarmante en la medida que el Congreso caiga en el juego”, comentó.
La presentación de este oficio se produce en un momento de máxima tensión entre el Ejecutivo y Legislativo y a escasos días de la llegada de una misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) a pedido de Castillo para aplicar la Carta Democrática Interamericana que garantice el respeto de la institucionalidad democrática en el país.
Permisos
Paralelamente, Castillo solicitó al Congreso autorización para viajar a México para asistir a la cumbre de la Alianza del Pacífico, programada para finales de noviembre en Ciudad de México, así como a Chile para una reunión con su homólogo Gabriel Boric.
Desde que asumió el poder el julio del año pasado, el Legislativo le ha negado en dos ocasiones el permiso para viajar al exterior. La primera vez fue cuando solicitó autorización para viajar a la toma de posesión del colombiano Gustavo Petro el 7 de agosto pasado.
La segunda fue en octubre pasado, cuando pidió permiso para acudir a Bruselas, donde tenía previsto reunirse con autoridades de la Unión Europea (UE) y a El Vaticano, donde pretendía encontrarse con el papa Francisco.
Una semana atrás, el mandatario canceló la petición que había hecho al Congreso para que le autorizara a asistir a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), programada para el 18 y 19 de noviembre en Bangkok.
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