Cómo impacta que el Congreso tenga iniciativa de gasto público

La Constitución es clara al señalar que los congresistas no tienen iniciativa para crear ni aumentar el gasto público. Es decir, los congresistas por mandato imperativo no podrían hacerlo.

Sin embargo, recientemente, dos sentencias del Tribunal Constitucional (TC) podrían abrir la puerta a que se le autorice proponer gastos al interpretar de forma diferente el artículo 79 de la Constitución Política del Perú.

En detalle, el TC señaló que la iniciativa de gasto presentada por un congresista solo está prohibida si pretende modificar el presupuesto actual, pero no si impacta en los de los siguientes años.

Al respecto, Mónica Muñoz Nájar, coordinadora de proyectos y gestión pública de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), señaló que esta decisión podría debilitar la estabilidad fiscal “que nos ha costado mucho construir en dos décadas”.

“Debemos saber que el país cuenta con cierta cantidad de recursos económicos que son asignados a todos los sectores —como salud, educación, transporte, saneamiento, trabajo, programas sociales, entre otros— para brindar servicios públicos a la población”, explicó Muñoz Najar.

En ese sentido, la economista explica que la distribución de qué porcentaje del presupuesto se destina a cada sector está expresado en el presupuesto que elabora el Ejecutivo y que el Congreso debe aprobar. De esta manera, unos reciben más que otros debido a la prioridad de acciones que busca atender el Gobierno. Por lo que, si un sector recibe más recursos para el año siguiente implica que otro sector verá reducida una proporción de sus recursos.

No obstante, con esta nueva interpretación, Muñoz Nájar menciona que se podría generar la redistribución de los recursos para cumplir con el Legislativo, bajo el riesgo de quitar o reducir presupuesto a sectores realmente necesitados.

“Además, al necesitar más recursos para atender las nuevas demandas e iniciativas de los congresistas, no se descarta un reajuste tributario para conseguir más recaudación y cumplir con las obligaciones generadas con las propuestas parlamentarias. Esto con el objetivo de no incurrir en un mayor déficit fiscal”, subrayó Muñoz Nájar.

Asimismo, se podría incurrir en una mayor deuda pública y desequilibrar las cuentas fiscales. “No es menor, hacia fines de los años ochenta nadie nos quería prestar por ser un país con una deuda altísima que no cumplía con pagar, y 20 años después llegamos a ser uno de los pocos países de la región con grado de inversión, eso se logró por la disciplina fiscal, y no podemos perderlo”.

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