La próxima llegada de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que arribará en el país este 20 de noviembre, ha generado cierta expectativa en algunos sectores frente a la convulsionada coyuntura política que vive el Perú.
La entidad internacional respondió al llamado del presidente Pedro Castillo, semanas atrás, y aprobó activar la Carta Democrática Interamericana; un mecanismo que tiene como finalidad preservar los pilares de la democracia representativa y los derechos humanos en un país.
Frente a la crispada relación actual entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, el internacionalista Ramiro Escobar califica como “mínimamente esperanzador” que la comitiva intente propiciar un diálogo entre ambas partes.
“Me parece un logro que por lo menos nos sentemos a conversar, se dialogará con los actores involucrados en el conflicto; con los poderes del Estado y partidos políticos. Asimismo, creo que también se debe conversar con organizaciones de la sociedad civil, Transparencia, Proética, gremios empresariales, entre otros. Tiene que hacer un mapeo de la situación y escuchar a la mayor cantidad de organizaciones posibles”, destaca el especialista en diálogo con Infobae.
En este escenario, dado que la OEA tiene como misión realizar gestiones diplomáticas para producir algún tipo de consenso, el Legislativo ha expresado, a través de su titular José Williams, que los dos días que la misión estima para realizar sus labores en el Perú (21 y 22 de este mes) es un periodo insuficiente para recoger los elementos necesarios para su informe.
Escobar coincide con esta apreciación y agrega que debería realizarse un pedido formal para ampliar dicho plazo. Por otro lado, considera “imprudente apurar los procesos de destitución (o vacancia del presidente) cuando está a punto de llegar la misión de la OEA”.
En este escenario, resalta que el pedido del jefe de Estado ha logrado que “se vuelvan más lentos los procesos para destituirlo o vacarlo”, ello en medio de diversas investigaciones en su contra y la tesis del Ministerio Público que lo acusa de liderar una presunta red criminal.
“El presidente no debería esperar que esto, al final, lo favorezca totalmente. Si este grupo de cancilleres se documenta bien sobre lo que está pasando, a través de la mayor cantidad de personas posibles, verán que tiene varios procesos judiciales abiertos y que no es una persona que pueda exhibir la mayor transparencia. Tiene una gestión errática”, puntualiza el docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
¿Qué podemos esperar sobre el informe de la misión de la OEA?
El documento que la comisión de alto nivel espera realizar tras su visita a Perú, posterior a las reuniones con los actores políticos de este conflicto, será elevado al Consejo Permanente de la OEA.
Según detalla Ramiro Escobar, “este informe puede ser la mínima guía para actuar de forma más democrática”. Además, agrega que con base en dicho informe se puede citar a una posterior reunión extraordinaria sobre el tema.
“Si es que ese informe va a Consejo Permanente, se analiza y luego pasa a una asamblea extraordinaria para tomar una decisión, sí estaríamos en un problema. Pero eso está lejos de ocurrir, lo más probable es que este informe provoque un llamamiento a que exista un mínimo consenso”, enfatiza.
El profesor universitario no descarta que estas gestiones deriven en sugerir “un proceso de transición” en el país, sin embargo, afirma que aún es demasiado pronto para realizarse apreciaciones de este tipo.
“No se producirá un vuelco (en el escenario político), pero por lo menos se van a neutralizar los ánimos más intensos”, resalta.
Primera activación de la Carta Democrática en el Perú
La aplicación de la Carta Democrática Interamericana se produjo por primera vez en el Perú en 2004, durante la gestión del expresidente Alejandro Toledo. El mecanismo democrático fue firmado en nuestro país el 11 de septiembre del 2001.
El mandatario, ahora investigado por la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos y colusión agravada, apeló a los estragos de la anterior gestión de Alberto Fujimori para evadir las críticas a su gobierno.
Una situación similar a la que se vive ahora en el gobierno del presidente Pedro Castillo se produjo en Nicaragua, miembro de la OEA, en el pasado 2004. El evento sucedió luego que la Contraloría General denunciara a Enrique Bolaños, jefe de Estado del país vecino por ese entonces, por presuntos delitos de corrupción vinculados a los fondos recibidos en su campaña electoral.
La institución nicaragüense solicitó la destitución del presidente ante el Congreso, petición a la que Bolaños respondió con una misiva a la OEA. La entidad internacional facilitó el diálogo entre el oficialismo y la oposición, hecho que finalizó con la negativa de Daniel Ortega, en aquel momento líder opositor, a apoyar la medida.
“Si se produce una institución exprés antes de la llegada de la comisión de alto nivel (en el Perú) podríamos tener problemas. Generaría controversia, la comisión evaluaría en que instancias se ha sustentado, si encuentra que no hay un sustento legal sólido para esto entraríamos en un conflicto. Lo más razonable es esperar a que esta arribe en el país”, destaca Escobar.
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