En reiteradas ocasiones, congresistas de diversas bancadas de la oposición han cuestionado que el Gobierno de Pedro Castillo y sus aliados contraten con el Estado a pesar de que la ley se lo prohíbe. Sin embargo, bien se dice que las críticas deben empezar por no caer en el mismo problema.
Infobae indagó en las declaraciones juradas de los más feroces críticos de esta administración y también nos encontramos con algunos detalles. Empresas de familiares de mediáticos parlamentarios de la oposición han logrado contratos con el Estado en los últimos meses.
En Fuerza Popular saltan a la vista cuatro casos. El congresista Hernando Guerra García colocó en su declaración jurada que su primo Álvaro Castro de la Mata Guerra García tenía la función de administrador en CYBERLINE SRL, cuyo inicio de actividades comenzó el 1 de noviembre de 2011.
De agosto del año pasado hasta hoy, esta empresa ha suscrito contratos con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la Municipalidad de San Borja y el Sistema Metropolitano de la Solidaridad por un monto de más de 900 mil soles.
Por su parte, su colega de bancada, Ernesto Bustamante informó, en su declaración jurada, que no sabía sobre las actividades que realizaban sus primos José Carlos Augusto Donayre Hoefken y José Luis Donayre Hoefken.
El primero es gerente general de Grafos & Maquinaciones S.A.C desde el 2 de marzo de 2012. Desde que el congresista Bustamante tiene su actual cargo, la mencionada empresa ha logrado cuatro contratos por una suma de S/ 14 705 con el Ministerio de Cultura para la adquisición de material bibliográfico y corrección de estilo para la Dirección de Libro y Lectura de la cartera.
El otro primo del legislador fujimorista fue contratado en febrero pasado en la Municipalidad de Punta Negra para desempeñar el cargo de subgerente de Operaciones y Fiscalizaciones. Hay que mencionar que el burgomaestre de ese distrito de Lima, José Rubén Delgado Heredia, y otros funcionarios fueron detenidos por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios al señalarlos como parte de una presunta organización criminal llamada ‘La jauría del sur’.
También nos encontramos con Eduardo Castillo. En su declaración jurada coloca que su hermano Daniel Castillo Rivas es asistente de producción de obra en la empresa Beraka 0915 SAC, cuyo inicio de actividades fija el 7 de septiembre de 1998.
En los últimos meses, la compañía formó parte de tres consorcios que lograron contratos con las municipalidades de Querecotillo, Sechura, Santo Domingo (Piura) por un monto que supera los más de 11 millones de soles. Adicionalmente, también Beraka 0915 SAC se encuentra dentro de un consorcio que firmó un contrato de S/ 31,750, 000.00 con el Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto y Condorcanqui.
Pero no es el único, pues Rita Castillo Rivas es la otra hermana del legislador fujimorista que colocó que trabajaba como empleada en Nor Autos Piura SAC. Nuevamente, esta compañía tiene varios contratos con el Gobierno Regional de Piura y diversos distritos (Ayabaca, 26 de octubre, Lancones, Vice, entre otros) para hacerles mantenimiento y vender camionetas 4x4.
También está la legisladora fujimorista Nilza Chacón, quien hace poco logró la aprobación de su proyecto para la eliminación de los cargos de prefectos y subprefectos porque el Gobierno pondría a su cuota de militantes. No tendría nada de malo si es que, en su declaración jurada, puso que su prima Denisse Chacón Arenas trabaja como apoderada legal de la Corporación Industrial Denise E.I.R.L que tiene contratos con el Gobierno Regional de Áncash y la Autoridad Nacional del Agua.
No es la única, su primo Erick Chacón Venegas es tecnólogo médico en Distribuciones Venegas S.R.L que ha logrado contratos con los hospitales Arzobispo Loayza, María Auxiliadora y Sergio Bernales, la Policía Nacional, las municipalidades de Puente Piedra y Pucusana, el Gobierno Regional del Callao y la Corte Superior de Lima Este.
Finalmente, Arturo Alegría es el último de las filas naranjas. En su declaración jurada colocó que su hermano Víctor Alegría García es diseñador gráfico. Él obtuvo una orden de servicio, el 8 de marzo pasado, por el diseño, diagramación e ilustración digital de la publicación que conmemoraba los 10 años del programa Cuna Más, que está adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por el que cobró S/ 5 500.
Renovación Popular
En la agrupación de Rafael López Aliaga existe el mismo problema. Su vocero, Jorge Montoya, colocó que su nuera Ángela Vargas Echeverry trabaja como asesora comercial en Union Ychicawa S.A. Esta compañía contrata con el Ministerio de Defensa y la Marina de Guerra.
De otro lado, la exfiscal Gladys Echaíz reporta que sus sobrinas Frida y María Pía Echaíz Rojas trabajan en la empresa Negocios Omega S.R.L, que ha logrado contratos con el Gobierno Regional de Lambayeque.
En tanto, José Cueto registra como sobrina a Jimena Álvarez Cueto. Ella es licenciada en Negocios Internacionales y trabaja en la empresa Mediterranean Shipping Company del Perú SAC, que ha tenido tres contratos con el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) por casi 30 mil soles.
Avanza País, APP y no agrupados
El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) pone que su padre Enrique Cavero Zafra es abogado en el estudio Hernández & Cía Abogados. De acuerdo a la página web, resulta que es uno de los 20 socios. También se registra que el staff tiene consultorías con los gobiernos regionales de Tacna y Arequipa, Proinversión, Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A (EGESUR) y Servicios Postales del Perú S.A (Serpost).
En tanto, el congresista Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso - APP) informó que su nuera Sofía Chang Fu trabaja como ingeniera de sistemas en la empresa IBM del Perú S.A.C., cuyo inicio de actividades comenzó el 31 de enero de 1962 y ha tenido en los últimos meses contratos con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Banco de la Nación y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Finalmente, tenemos que el congresista Carlos Anderson (no agrupado) colocó que su sobrino Ricardo Guevara Aparicio es ingeniero de software y consultor de calidad en la misma empresa que trabaja la nuera de su colega Chiabra.
Hay que recordar que la Ley 26771 se indica que los funcionarios, directivos, servidores públicos y personal de confianza del sector público están prohibidos de contratar o inducir a la contratación de parientes suyos hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, matrimonio, unión de hecho, convivencia o con el vínculo de ser progenitores de sus hijos.
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