La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República volvió a aprobar una propuesta legislativa que el Poder Ejecutivo observó porque discrimina a personas migrantes. La iniciativa busca que, antes de alquilar una vivienda, arrendatarios pidan a extranjeros documentos que prueben que su situación migratoria es regular. También pretende que avisen esta información a la Superintendencia Nacional de Migraciones.
La propuesta legislativa quiere modificar la Ley de Migraciones. Específicamente sus artículos 10, 45, 61 y 63, para reforzar la seguridad ciudadana. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo y el Poder Ejecutivo alertaron que, mediante esta medida, se vulneran derechos humanos de personas migrantes.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, presidida por la congresista María del Carmen Alva, ignoró la observación del Poder Ejecutivo e insistió en su aprobación. 15 congresistas votaron a favor.
Ejecutivo observó proyecto de ley
El dictamen aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores propone agregar al artículo 10 que los extranjeros deben respetar la seguridad nacional, así como las disposiciones sanitarias y ambientales.
También plantea sumar al artículo 61, que habla sobre las obligaciones de los servicios de hospedaje, un nuevo deber para conocer si los extranjeros que buscan arrendar una vivienda cuentan con situación migratoria regular.
“Los arrendadores de inmuebles, cualquiera fuera su naturaleza y objeto, deben exigir la presentación de un documento que acredite la situación migratoria regular del extranjero con quien suscriba contrato de arrendamiento y de los otros extranjeros que habiten y formen parte del grupo arrendador en el mismo inmueble. Asimismo, el arrendador responsable de dicho arrendamiento debe informar a la Superintendencia Nacional de Migraciones, a través de sus plataformas digitales”, se lee en el dictamen.
El 15 de julio de 2022, el Pleno del Congreso aprobó esta iniciativa, por lo que solo faltaba que el Poder Ejecutivo la ratifique para que se convierta en Ley.
Pero el 9 de agosto del mismo año, el actual gobierno observó la autógrafa de ley porque vulneraba el derecho a la vivienda de las personas migrantes.
Según los argumentos del Ejecutivo, la propuesta del Congreso puede afectar a personas migrantes que ingresaron al Perú de forma irregular; a quienes, pese a que entregaron de forma legal, aún no se les prorrogó el permiso de residencia, a los extranjeros que solicitaron asilo porque corren peligro en sus países y a las víctimas de trata de personas, quienes suelen carecer de situación migratoria regular.
Para el actual gobierno, la propuesta del congresista José Luna Gálvez (Podemos Perú) impide que extranjeros encuentren una vivienda adecuada y los obliga a vivir en lugares que no son habitables.
Respecto al aviso de la situación migratoria de los extranjeros, que tendrían que hacer los arrendadores, el Poder Ejecutivo señaló que no podrá cumplirse en los casos donde se alquilen viviendas, pues sus dueños solo están obligados a declarar al Estado el pago de sus impuestos. Esto no sucedería para los casos donde se ofrezcan servicios de alquiler de albergue (hospedajes, hoteles).
Pese a esto, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el dictamen el jueves 3 de noviembre, sin realizar cambios en los artículos que el Ejecutivo observó.
Propuesta fomenta xenofobia
El Ejecutivo explicó que la propuesta legislativa vulneraba derechos humanos de las personas migrantes y los principios de no discriminación e integración del migrante.
Según el documento enviado al Parlamento, el dictamen aprobado fomentaba la xenofobia porque busca exigir documentos que prueben una situación migratoria regular, lo que deja fuera a gran cantidad de personas extranjeras. Así, se les estaría obligando a vivir en las calles.
“De la misma manera, al no poder contar con un espacio para poder vivir, le sería sumamente difícil poder desarrollar las demás actividades básicas de toda persona, como lo es, alimentarse, buscar un trabajo, entre otros”, se lee en el documento.
La propuesta también estaría vulnerando el principio de integración del migrante, según el Ejecutivo, porque se estaría dejando de lado a los extranjeros al exigir que arrendadores peruanos les pidan documentos que prueben su situación migratoria regular.
También se señaló que los arrendadores carecen de conocimiento técnico para verificar que la situación migratoria de las personas migrantes es regular.
“La propuesta se contradice con los mismos principios de la norma migratoria (Ley de Migraciones), en la cual se busca, por encima de todo, respetar los derechos fundamentales de las personas extranjeras en nuestro país”, argumentó el Ejecutivo para observar la autógrafa de Ley.
Después de que el Pleno del Congreso aprobó esta propuesta legislativa, la Defensoría del Pueblo pidió al Ejecutivo que la observe porque viola derechos de las personas extranjeras.
Mediante un oficio, la entidad explicó que el Parlamento está usando normas migratorias para prevenir delitos. Estas medidas no son ideales para combatir y reducir la inseguridad ciudadana, según la Defensoría del Pueblo.
La propuesta, tal como fue aprobada en la Comisión de Relaciones Exteriores, promueve odio y discriminación hacia personas refugiadas y migrantes.
La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, explicó que el hecho de que una persona migrante permanezca en el Perú con situación migratoria irregular no quiere decir que vaya a cometer delitos.
También precisó que, normas internacionales, impiden que las personas migrantes, que piden refugio porque corren riesgo en sus países, sean sancionadas por ingresar de manera irregular.
“De otro lado, no se ha contemplado el efecto que puede tener sobre las personas solicitantes de refugio, a quienes les ampara una serie de principios y derechos específicos que deben ser garantizados por el Estado peruano, como es el principio de no sanción por ingreso regular”, aclaró.
Restringir el acceso a la vivienda a personas migrantes con situación migratoria irregular también puede afectar a niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, mujeres gestantes, adultos mayores. También a peruanos que alquilan sus casas, pues podrían perder ingresos si se les prohíbe arrendar viviendas a determinada población.
Comisión defiende proyecto
María del Carmen Alva, congresista que preside la Comisión de Relaciones Exteriores, comentó que el objetivo de los cambios a la Ley de Migraciones es identificar a los arrendatarios extranjeros y conocer su situación migratoria para que, si cometen un delito, la Fiscalía pueda realizar una investigación idónea.
“Como bien expresó el representante del Ministerio Público, es importante que los extranjeros de una u otra manera puedan identificarse y además consignar su domicilio en nuestro país, a fin de que en caso hipotético que cometieran alguna falta o delito, se pueda hacer una idónea investigación fiscal conjuntamente con la Policía Nacional del Perú”, dijo.
La Defensoría del Pueblo insistió al Pleno del Congreso que archive esta iniciativa legislativa.
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