El Gobierno de Pedro Castillo también tiene entre sus aliados a personajes con serios cuestionamientos. Un ejemplo es Waldemar Cerrón, congresista de la bancada de Perú Libre y hermano del sentenciado por corrupción, Vladimir Cerrón Rojas.
Según el diario Correo, el integrante de la agrupación del lápiz afronta diez procesos en el Poder Judicial. Todos son por el presunto delito de lavado de activos. Actualmente, Cerrón ocupa la vicepresidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento.
Hay que recordar que hace unos días salió otra denuncia contra el ex vocero de Perú Libre. Su conviviente y cuñados ganaron contratos por más de 2 millones de soles durante septiembre del 2021 y mayo de este año.
Elisea Manrique Angulo, pareja de Cerrón Rojas, facturó con la municipalidad de Andamarca y el Gobierno Regional de Junín en los meses de septiembre y noviembre del 2021 (12.995 soles) y mayo del 2022 (6.983 soles), respectivamente.
Por su parte, sus cuñados también tuvieron buena suerte. Edwin y Domingo Angulo Manrique, quienes tienen el 50% de acciones repartidas en la empresa Hermanos Angulo Sociedad Anónima Cerrada - Hnos Angulo S.A.C., registran su primer contrato, el 28 de marzo del presente año, con la municipalidad distrital de Chilca (Huancayo) por un monto de 795.797 soles.
Su segunda factura con el Estado se dio el 11 de mayo de 2022 con la misma municipalidad por un total de 807.707 soles. Pero con esta firma no es la única porque Estación de Servicios y Gasocentro Angulo ha proveído con la municipalidad distrital de Tambo con montos de 167.152 soles (27 de septiembre de 2021) y 6.031 soles (23 de agosto de 2021).
En el 2022 se tiene que lograron un contrato, el último 2 de marzo, con esta entidad por un total de 396.730.000 soles. En esa línea, también se registran facturas con el Gobierno Regional de Junín por montos de 15.290.000 soles y 6.0310.0 soles.
Más salpicados
No solo Waldemar Cerrón es quien tiene procesos judiciales e integra la SAC. Además de él también se encuentran en una lista Oscar Zea (Podemos Perú), Rosío Torres (Alianza para el Progreso), Norma Yarrow (Avanza País) tiene dos casos pendientes por delitos contra la administración pública.
Héctor Valer (Perú Bicentenario), quien forma parte de la Comisión de Defensa y adquirió facultades para investigar el uso de aeronaves del Estado que hizo la familia presidencial, que afronta procesos por delitos contra la ecología.
De otro lado, Eduardo Salhuana, de APP, tiene al menos tres procesos abiertos, entre ellos, por delitos contra la administración pública. Sobre Lucinda Vásquez, del Bloque Magisterial, pesan dos procesos por delitos contra la administración pública.
Finalmente, Enrique Wong (Podemos) enfrenta dos casos por delito contra la vida el cuerpo y la salud y Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) tiene un proceso en trámite por el delito de violación a la libertad personal.
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