¿Trabajo en conjunto? El Fenate, Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, sindicato fundado en 2017 por el presidente Pedro Castillo, ha mostrado un rol sumamente activo en el Ministerio de Educación. Rosendo Serna, actual encargado del Minedu y también miembro de esta organización, le ha concedido el poder suficiente a este sindicato para intervenir en los asuntos más importantes de esta cartera, según informó este viernes el programa La Encerrona. Sin embargo, su presencia no representa un aporte en el avance del sector educativo.
El 30 de agosto de este año, el Ministerio de Educación y el Fenate acordaron trabajar juntos a favor de la Derrama Magisterial. En un documento oficial, la cartera de Educación se comprometió a recaudar información de todos los aportantes y el sindicato afirmó que participará “activamente en las regiones para garantizar la democratización de la Derrama Magisterial”. La carta también compromete la participación del Fenate en la revisión del currículo nacional de los estudiantes, nombramientos de docentes y la Educación Intercultural Bilingüe.
El oficio fue resultado de una reunión entre ambos entes, pero no fue la única junta que tuvieron. De acuerdo a La Encerrona, José Moises Chipana Chipana, actual secretario del Fenate, acudió a la sede de esta cartera al menos una vez al mes desde el año 2021 y en tres ocasiones se reunió con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. En estas visitas también participó Segundo Vásquez Gonzáles, ex líder del Fenate.
EIB en riesgo
La intervención del Fenate en la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) es uno de los asuntos, probablemente, más preocupantes. Anteriormente, este sindicato ha solicitado eliminar los requisitos relacionados a EIB necesarios para los procesos de contratación, nombramiento y ocupar cargos directivos de los docentes. Es decir, reducir el nivel de los docentes que postulan a estas plazas. Uno de los documentos publicados por La Encerrona muestra uno de los oficios que envió el Fenate al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para consolidar esta propuesta.
“Exigimos el cese del proceso de racionalización que el Minedu viene implementando que atenta contra el derecho al trabajo y el derecho a la educación de nuestros estudiantes, demandamos la restitución de las plazas racionalizadas. Que las constancias de EIB no deben ser determinantes en los procesos de reasignaciones, nombramientos, contratos y cargos directivos. Que se realice una nueva caracterización y se incluya como un área curricular las lenguas originarias”, señala la carta.
En paralelo a estas acciones, el Ministerio de Educación ha mostrado anteriormente retrocesos en la Educación Intercultural Bilingüe. El 26 de septiembre, la entidad derogó la Resolución Viceministerial N° 255-2019-MINEDU que establece “Disposiciones para la encargatura en cargos de mayor responsabilidad en las áreas de desempeño laboral en el marco de la Ley N°29944, Ley de Reforma Magisterial”. También se publicó la Resolución Viceministerial N° 118-2022. Estas normas exoneran a los directivos del requisito que establece el dominio de las lenguas originarias, conocimiento de la cultura local y otras condiciones.
Este miércoles, el Minedu emitió un comunicado donde informó que, como una forma de ratificar el compromiso de la entidad con la EIB, se había modificado la Resolución Viceministerial Nº 121-2022. No obstante, esta modificación consiste únicamente para la tercera y cuarta etapa, es decir, para aquellas personas que postulan a las pocas plazas que quedan en una convocatoria.
“La modificación establece que para la tercera etapa (evaluación regular) y cuarta etapa (evaluación excepcional) el docente que se adjudique como director en una institución educativa de Educación Intercultural Bilingüe —en el nivel inicial, primaria o secundaria de Educación Básica Regular (EBR)— que ofrece el servicio en alguna de las tres formas de atención (fortalecimiento, revitalización y ámbito urbano) debe acreditar el dominio de la lengua originaria y estar inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües. El docente que se encuentre en dicho registro y acredite un nivel de dominio en la lengua originaria, obtendrá una bonificación en la calificación de su trayectoria laboral”, señaló.
Implicancias en la educación
Una de las principales preocupaciones ante la intervención del Fenate en el Ministerio de Educación es cómo esta participación podría afectar los avances en la educación escolar. Severo Cuba, de Foro Educativo, conversó con Infobae y afirmó que es obligación del Minedu tener claro cuál es la línea de trabajo que debe de seguir para proteger y priorizar el derecho a la educación de los estudiantes en todo el país. El especialista aseguró que lo realizado con los requisitos relacionados a la Educación Intercultural Bilingüe es un atentado contra el “derecho de los pueblos originarios”.
“Hemos tenido recientemente el tema de las resoluciones no la 18 y la 21 que, básicamente, estaban flexibilizando la necesidad del dominio de la lengua originaria como un requisito para el trabajo de los directivos en el proceso de selección para encargaturas de direcciones de instituciones educativas. Un conjunto de instituciones hemos estado insistiendo en que esa flexibilización no es conveniente porque claramente está lesionando el derecho de los pueblos originarios, de los niños, niñas y adolescentes de estos pueblos para lo que nosotros llamamos recibir una educación de calidad, una educación intercultural, una educación en su lengua, en su cultura. Recientemente el Ministerio ha tenido que retroceder en esto. Otra cosa es que alguien pueda estar pensando que el Estado es una suerte de botín y que pueda ser usado para este intereses particulares en ningún caso eso es aceptable, aunque lamentablemente es una práctica que hemos estado viendo a lo largo de de muchos años”, dijo.
Cuba precisó que es relevante que el Ministerio de Educación priorice con carácter superior el derecho de los niños. Según declaró, “ese debe ser el interés superior sobre el cual se gesta toda decisión de política pública”. Por ello, rechazó las peticiones que ha realizado el Fenate para disminuir los requisitos a los docentes en relación al EIB por presuntamente atentar contra los derechos de los trabajadores, como mencionó en un comunicado el Fenate.
“Cuando tú convocas a un concurso, el concepto de derecho de la persona que va a participar en el concurso supone imparcialidad, equidad en la participación. También es necesario un conjunto de requisitos que son propios del cargo que vas a desempeñar. Es como si convocáramos un concurso de profesores de inglés y tú pusieras como requisito que no es necesario que sepas inglés. Es absurdo, ¿verdad? De esta misma lógica uno no puede decir que es un derecho del trabajador anteponer sus necesidades de un trabajo frente a la necesidad del tipo de las características específicas que se requiere en una función que es para garantizar los derechos, en este caso, de los estudiantes de la educación básica en territorios de Educación Intercultural Bilingüe”, enfatizó.
Por otro lado, el experto en educación resaltó que si bien es función del Ministerio de Educación establecer reuniones con ciertos gremios para recoger las demandas del sector, no es posible seguir estrictamente la agenda de grupos externos. De acuerdo al representante de Foro Educativo, se han registrado casos de docentes en diversas regiones que desean suspender el requisito de dominio de lengua originaria para acceder a plazas en las escuelas donde es obligatorio esta condición. “Eso no es posible de ninguna manera”, acotó.
“Creo que acá lo fundamental es afirmar la necesidad de que el Estado, y en este caso el Ministerio de Educación como parte de él, tiene que trabajar en función de una normatividad general y en función de los requisitos necesarios para ejercer la función docente en cada contexto. Y en el caso de los contextos de educación intercultural bilingüe es necesario que los maestros cumplan con los requisitos para ese proceso”, agregó.
Finalmente, recalcó que se debe analizar los modelos de educación intercultural que se vienen trabajando para conocer qué tanto se ha avanzado con estas políticas y si se han logrado los objetivos planteados. “Si no estamos avanzando tenemos también que revisar esos modelos para garantizar que puedan cumplirse estos derechos. Entonces, la medida que inicialmente tomó el ministerio seguramente atendiendo la demanda de algunos sectores magisteriales no atiende las necesidades del país”, aclaró.
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