Tras darse a conocer mediante un informe policial que se estaría planificando un atentado contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, su entorno más cercano y demás miembros del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder como la fiscal superior Marita Barreto y los coroneles PNP, Colchado y Pajuelo, desde el Legislativo han señalado directamente al presidente Pedro Castillo como principal sospechoso de estas supuestas acciones ilícitas.
Martha Moyano de Fuerza Popular apuntó que el jefe de Estado debería dar un pronunciamiento al respecto sobre la información difundida que comprometería la integridad de quien lo viene investigando y que, del mismo modo, debería parar los discursos de victimización.
“Se trata de la seguridad de personas que están a cargo de la investigación de su presidente; el señor sigue utilizando espacios públicos con dinero del Estado para seguir victimizándose y seguir defendiéndose de esa manera, porque él acusa para defenderse. Lo que tiene que hacer el presidente de la República a quien investiga la fiscal de la Nación y le investiga el señor Colchado, debería decir algo acerca de esta amenaza”, contempló.
Mientras tanto, Alejandro Soto de Alianza Para el Progreso, rechazó tajantemente la situación generada entorno a Benavides Vargas y emplazó al Ministerio Público y al Poder Judicial a ser más efectivos en su trabajo para poder comprender a precisión, quién estaría detrás de este supuesto plan.
“Rechazamos contundente y categóricamente esta nueva afrenta a la democracia; consideramos que el presidente si es que está involucrado en estos hechos, lo que hace es tratar de eliminar a quienes opinamos de manera distinta y a quienes defendemos a la patria, porque pretender asesinar a la fiscal de la Nación, simplemente se tiene que entender como una vendetta un acto de venganza por la acusación constitucional que ha formulado en 375 folios; tiene que tomar cartas en el asunto no solo el Congreso de la República, sino tiene que haber más efectividad por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial”, argumentó.
Desde Renovación Popular también se pronunciaron, fue el tercer vicepresidente de la Mesa Directiva, Alejandro Muñante quien, solicitó a Palacio de Gobierno a que se refuerce la seguridad para la fiscal de la Nación y para el coronel Colchado.
“Lo tomo con mucha preocupación como lo debería de tomar cualquier persona en el país, que se amenace a una autoridad como la fiscal de la Nación o a un oficial de Policía de esta manera y que habría existido un plan para atentar contra su vida definitivamente nos tiene que preocupar a todos y sobre todo a las autoridades del Ejecutivo”, expresó.
Ejecutivo también bajo amenaza
El ministro del despacho Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, señaló que no solo es la fiscal de la Nación quien estaría bajo amenaza de muerte, aseguró que en el Ejecutivo también han recibido amedrentados en esas mismas condiciones.
“Nosotros hace 3 meses aproximadamente denunciamos que también éramos amenazados de muerte, casi todos los días llegan mensajes al inbox, al Messenger, todo este tipo de situaciones tienen que investigarse. Lo que sí llama la atención es que este hecho por ejemplo de ese tal “Español” o quien fuese porque nosotros no sabemos ni quién es, ya se dijo los primeros días de octubre y en vista de que el día de mañana va a haber una marcha, se vuelve a sacar el tema, entonces que se investigue, todo lo que sea el hecho de atentar contra la vida de una persona, este gobierno por supuesto que la rechaza y la repudia, somos un gobierno que respeta los derechos humanos”, precisó el ministro.
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