Bono alimentario y Fertiabono: ¿Cuánto ayudan estos subsidios a que la crisis alimentaria y agraria no se salgan de las manos del Gobierno?

Los expertos lo repiten desde hace un tiempo: la crisis alimentaria en Perú se gestó antes de la pandemia, pero se agravó sobremanera con la guerra de Rusia. Los efectos ya se sienten con fuerza entre la inflación y el alza de combustible en un contexto donde los ingresos de las familias más vulnerables están estancadas o en menor nivel que antes de la llegada de la COVID-19.

En rigor, hay menos dinero para comprar alimentos, que son más caros. Más de la mitad de los hogares se encuentran en situación de inseguridad alimentaria en 18 de las 25 regiones y Perú, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha devenido en el país sudamericano con la mayor inseguridad alimentaria de la región.

No son los únicos datos dramáticos. En 2021, la pobreza monetaria afectó al 25,9 % de la población peruana, un nivel menor en 4,2 puntos porcentuales al comparado con 2020, cuando la pobreza azotó a más del 30 % de la población debido a la pandemia, pero aún mayor en 5,7 puntos respecto a 2019.

Este subsidio, también destinado a personas que viven en hogares que no superan el monto de la remuneración mínima vital, busca mitigar los efectos de la subida de los precios de los alimentos en un país que acumula una inflación del 7,37 %, muy por encima del rango meta, entre el 1 % y 3 %, establecido por el Banco Central de Reserva de Perú (BCRP).

La cartera de Desarrollo e Inclusión social ha puntualizado que, entre las condiciones para ser elegibles para este bono, figura el hecho de estar en situación de pobreza o pobreza extrema según el Sistema de Focalización de Hogares, y ser parte de hogares sin ingresos ni de planilla privada ni pública, incluyendo a los pensionistas.

Paralelamente, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) inició el pago del Fertiabono, designado a productores con parcelas de cero hasta una hectárea de tamaño que empleen fertilizantes a base de nitrógeno, fósforo y potasio (NPK) de manera que se garantice la productividad en la campaña agrícola 2022-2023.

En su primera etapa, la entrega de este apoyo económico se efectúa según el total de hectáreas (ha) cultivadas: de 0 a 0.5 ha, S/ 389.00; y de 0.51 a 1 ha, montos proporcionales hasta un máximo de S/ 749.00. Pero, ¿son suficientes estas ayudas paliativas?

Para Carolina Trivelli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y exministra de Desarrollo e Inclusión Social, las medidas para enfrentar esta situación de crisis alimentaria van por tres rutas: mediación para que las familias cuenten con más ingresos, acceso a alimentos de manera subsidiada o directa y el aseguramiento de que la producción de alimentos se mantenga, y no disminuya, por la ausencia de fertilizantes.

“Ahí hay un rol para la política agropecuaria; recordemos que el 56 % de alimentos que consumimos produce la agricultura familiar. Además, más o menos la mitad de agricultores peruanos usa estos fertilizantes que ahora están escaseando o con alto precio”, mencionó.

“Estos productores son fundamentales para el mercado alimentario (productores de papa, arroz, maíz amarillo, verduras y hortalizas). Todas estas condiciones los pueden hacer sembrar menos o tener menos rendimiento y menos producción, sobre todo de alimentos frescos y perecibles. Cuando hay menos [productos] en el mercado, los precios suben”.

Para Trivelli, los programas sociales demostraron dar la talla durante la pandemia; sin embargo, “hacer más de lo mismo, por más que esté bien hecho, ya parece que no es suficiente”.

“Lo otro es que todavía tenemos subcobertura, es decir, que necesitando la ayuda y calificando para el programa, algunas personas todavía no lo reciben”, refirió y agregó que “la pobreza no se reduce solo con programas sociales ni con bonos”.

Bajo la mirada de la economista, no ha habido una iniciativa social nueva en el Gobierno de Castillo, denunciado constitucionalmente por el delito de organización criminal. “Estamos haciendo lo mismo de antes, eso es parte del problema. En la región es mucha buena experiencia que deberíamos capitalizar en el país en beneficio de quien más lo necesite”, matizó.

Por ejemplo, los apoyos continuados y sostenidos en Colombia, el bono ajustable que Chile entrega para compensar el alza de precios y los programas de compras locales en Brasil.

Fernando Eguren, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), ha indicado en un artículo que “la primera responsabilidad del Estado sería garantizar que toda la población tenga acceso a alimentos, en la cantidad y calidad necesarias. Y el bono [para paliar la crisis alimentaria] no parece ser el mejor medio para lograrlo”.

“Campesinos y agricultores, a pesar de que han logrado mantener hasta ahora los niveles de producción de alimentos, enfrentan múltiples dificultades para seguir haciéndolo en condiciones normales. El apoyo a los comedores populares y ollas comunes podría ser beneficioso para los agricultores en la medida en que el Estado adquiera directamente o contribuya a canalizar los productos hacia esas organizaciones, asegurándoles así un mercado. Esta propuesta va bastante más allá de enfrentar una crisis de coyuntura”, zanjó.

SEGUIR LEYENDO