El expresidente Albertoo Fujimori Fujimori declarará este viernes 4 de noviembre, al promediar las diez de la mañana, ante las autoridades del Poder Judicial en el marco del caso Castro Castro.
La sesión se realizará de forma virtual y será presidida por el juez Littman Ramírez Delgado, funcionario del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio. El exmandatario realizará sus manifestaciones desde el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, donde este cumple condena
Las declaraciones del exlíder fujimorista serán recogidas con el objetivo de que este pueda “expresarse” sobre los pilares expuestos en la petición de ampliación de extradición que el Estado Peruano presentó ante la Corte Suprema de Chile”, según documento al que accedió Diario Correo.
El representante legal del ex Jefe de Estado, Elio Riera Garro, confirmó que el exalto funcionario se presentará a esta citación. Asimismo, refiriéndose a este procedimiento judicial, aseguró que esperan poder descartar determinados elementos de convicción en el mencionado caso contra Fujimori Fujimori.
“Asistiremos a la diligencia ordenada por el Juzgado para demostrar que no existe ningún elemento de convicción que vincule al señor expresidente Alberto Fujimori con los hechos materia de investigación”, afirmó Riera Garro diálogo con el citado medio
Motín en el penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro
El expresidente Alberto Fujimori Fujimori, también padre de la excandidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, así como del excongresista y presidente del Congreso de la República, Kenji Fujimori; cumple una condena de 25 años en el penal de Barbadillo, situado en el distrito de Ate, por los casos La Cantuta y Barrios Altos.
El actual caso por el que se le cita, en el que deberá rendir su testimonio, refiere a los 42 internos del penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro (San Juan de Lurigancho) donde se ejecutó extrajudicialmente a dicho grupo por agentes del Estado, en medio de un operativo militar de traslado de internos, según arrojó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). El hecho ocurrió entre el seis y el nueve de mayo del año 1992.
Posteriormente, años después, en septiembre del pasado 2021 el Estado peruano pidió a la Corte Suprema de Chile extender la extradición del expresidente de la república para que este sea procesado en territorio nacional por los supuestos delitos de asociación ilícita para delinquir, revelación de secretos de interés nacional, homicidio, secuestro, peculado doloso, en calidad de autor mediato en perjuicio del Estado peruano, etc.
La resolución 193-2021-JUS contiene las firmas del actual Jefe de Estado, Pedro Castillo; la del vigente premier Aníbal Torres (en aquel entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos) y la de Óscar Maúrtua (exministro de Relaciones Exteriores).
El Ministerio de Justicia, presidida por Torres Vásquez en dicho periodo, accedió a la solicitud planteada por el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial.
Asimismo, entre otras de las solicitudes de los distintos casos, se aceptó el planteamiento del Tercer Juzgado Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima (para ampliar la extradición del exmandatario) para que este sea procesado en el Perú por la supuesta “comisión del delito de homicidio calificado, en agravia de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y otros”.
Además, se accedió a la petición del Segundo Juzgado Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima y se incluyó el caso del secuestro y homicidio de “Marino Ventocilla Rojas y otros”, quien fuese supuestamente ejecutado por el grupo Colina, en Huara, en 1992.
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