Todas las veces que Odebrecht solicitó suspender el acuerdo jurídico con el Perú

La suspensión del acuerdo de cooperación jurídica entre la empresa Odebrecht (ahora Novonor) y la Fiscalía peruana, concedida por el Ministerio Público de Brasil, supone un riesgo para recoger nuevos testimonios de los exdirectivos de la compañía por parte de las autoridades en Perú.

Uno de los casos más cercanos a la paralización de la toma de dichas declaraciones, en un juicio oral, es el del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, también ex primera dama. Para la expareja presidencial, la Fiscalía ha solicitado 20 y 26 años y medio de prisión, respectivamente.

El Equipo Especial Lava Jato esperaba tomar las manifestaciones de Marcelo Odebrecht, ex-CEO de la constructora, el lunes siete de noviembre al iniciarse la audiencia contra Humala Tasso.

El fiscal Rafael Vela Barba, integrante del mencionado grupo de trabajo fiscal, se pronunció sobre el tema y cuestionó que la Fiscalía de Brasil revisara, aparentemente, las 750 páginas que comprende el pedido de la compañía en tan solo medio día.

Asimismo, el alto funcionario calificó como un “mecanismo de presión” de Odebrecht que se haya solicitado dicha suspensión. Esta, sin embargo, no es la primera vez que la constructora apela a estas maniobras.

La compañía brasileña Odebrecht solicitó la primera suspensión del tratado jurídico, realizado en el 2018, el mismo año de su firma con el Ministerio Público peruano.

La constructora, en aquel entonces, aún mantenía el nombre inicial de la compañía. La situación se produjo luego que los representantes legales de esta alegaran que, presuntamente, se incumplieron en las medidas determinadas por el país vecino para la asistencia jurídica.

En este escenario, la Fiscalía de Brasil comunicó a su par en Perú que se analizarían las “medidas posibles” en cuanto se brindara información sobre el pedido de la empresa.

El segundo requerimiento de la constructora se produjo el año pasado en el mes de marzo. El pedido se realizó, en ese periodo, por la empresa Novonor; actual nombre de la compañía que se mantiene vigente desde el año 2020.

En este caso, se apuntó directamente contra la Procuraduría Ad Hoc del Caso Lava Jato y se acusó a esta de utilizar información, así como algunas pruebas obtenidas del presente acuerdo jurídico, para procesar a Odebrecht, en calidad de civil, en las investigaciones contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.

Sobre el actual procedimiento de suspensión temporal, el fiscal Rafael Vela Barba del Equipo Especial Lava Jato, espera que la situación pueda avanzar en buenos términos y puedan reprogramarse las declaraciones de los exfuncionarios de Odebrecht.

“Se podría decir que hicieron el pedido de un momento a otro, que pensaron que era lo mejor (para la empresa), pero la solicitud tiene 750 páginas. Es decir, lo venían preparando desde hace un tiempo. Por eso es mala fe procesal”, comentó en diálogo con los medios de comunicación desde Brasil.

La noticia tomó por sorpresa al integrante del grupo de trabajo fiscal, así como a su par José Domingo Pérez, luego que ambos se trasladaran a Brasil para coordinar, precisamente, el recojo de declaraciones de los implicados en los escandalosos casos de corrupción en el país y América Latina.

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