El fiscal del Equipo Especial de Fiscales Lava Jato, Rafael Vela Barba, se refirió a la polémica suspensión del acuerdo de cooperación jurídica que la empresa brasileña Odebrecht (ahora Novonor) solicitó a las autoridades de su país.
El funcionario cuestionó que el Ministerio Público de Brasil accediera a la petición de la constructora, que alegó una presunta violación a algunos de los puntos establecidos en la firma suscitada en el pasado 2018.
“Se podría decir que hicieron el pedido de un momento a otro, que pensaron que era lo mejor (para la empresa), pero la solicitud tiene 750 páginas. Es decir, lo venían preparando desde hace un tiempo. Por eso es mala fe procesal”, manifestó al respecto Vela Barba, desde el país vecino, según declaraciones recogidas por el Diario El Comercio.
Tanto el citado funcionario como José Domingo Pérez, también integrante del Equipo Especial de Fiscales Lava Jato, se enteraron de la noticia el último martes primero de noviembre, precisamente, a su llegada a Brasil.
Ambas autoridades se movilizaron al país para coordinar algunos puntos en torno a las declaraciones que debían realizar Marcelo Odebrecht, entre otros exdirectivos de la compañía, la próxima semana en la investigación que se le sigue al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.
Según detalló, Odebrecht realizó el pedido de suspensión dos días antes de que se realizara la segunda vuelta presidencial brasileña (viernes 30 de octubre) donde Lula da Silva fue electo. Posteriormente, el lunes primero de noviembre la Fiscalía brasileña aceptó la solicitud de la constructora y, más tarde ese día, notificaron a la fiscalía peruana.
“Ha sido una decisión rápida. ¿Eso quiere decir que han analizado 750 páginas en la mitad del lunes (debido a que el sábado y domingo no trabajan)? (…) Es sin duda un mecanismo de presión porque su obligación es declarar en el juicio oral”, increpó.
Descarta vulneración del acuerdo
La compañía brasileña señaló, como uno de los argumentos principales en su pedido, que la Fiscalía peruana vulneró el apartado de la “no utilización de pruebas producidas en Brasil” en su contra y en su jurisdicción.
En este sentido, la constructora apuntó en contra de determinadas declaraciones de Vela, quien explicó que la Fiscalía aprobó que este se refiriera al arbitraje de Odebrecht (en relación al Perú) debido a que se realizó una solicitud de defensa jurídica del Estado Peruano.
“Tengo la obligación de declarar porque soy funcionario, por tanto, declaro lo que me consta dentro del desarrollo de las investigaciones en el país (…) Tampoco puedo dejar de participar (referirme a algún tema puntual) como pretende la compañía”, afirmó el integrante del Equipo Especial de Fiscales Lava Jato.
Posteriormente, Vela también señaló que la constructora puede tener, “eventualmente, un doble discurso”. Sobre ello, no descartó que esta pueda haberse declarado culpable en el Perú “y luego ir a un tribunal internacional (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones - Ciadi) y decir que son inocentes para compatibilizar sus pretensiones económicas”.
El Ciadi ofrece servicios que permitan resolver disputas internacionales de gran magnitud, fundamentalmente, entre inversionistas y Estados. Además, expanden sus labores en controversias de Estado a Estado.
Vale mencionar que en el arbitraje del gasoducto, la firma brasileña Odebrecht solicitó nada menos que 1 300 millones de dólares. Además, esta también demanda al Estado Peruano por el Caso Rutas de Lima por 300 millones de soles.
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