Nuevamente, la imagen internacional del Perú se encuentra por los suelos. Según la última medición del Barómetro de las Américas, investigación realizada por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), nuestro país encabeza la lista en América Latina con la más alta percepción de corrupción en sus políticos.
Los datos se recogieron el año pasado y el resultado es el siguiente: Perú se ubica en la primera posición con 88%. Por su parte, le sigue Brasil y Colombia con 79% y 78%, respectivamente. Más atrás se encuentran Paraguay, Chile, Jamaica, Haití, Guyana y Uruguay.
En el informe se indica que, en el caso peruano, se observa que la desconfianza ha involucrado a funcionarios de todo nivel, incluidos presidentes de la República, que hasta la fecha están bajo investigaciones fiscales.
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“Tanto Perú como Brasil vienen experimentado escándalos de corrupción que involucra a expresidentes recientes y otras figuras políticas importantes, con nuevos casos emergiendo cerca o durante el trabajo de campo de 2021 para el Barómetro de las Américas”, se lee en el documento.
Caso Odebrecht
El reciente diagnóstico tiene mucha relación a lo ocurrido ayer con el caso Odebrecht. El Ministerio Público Federal de Brasil determinó la suspensión del acuerdo de cooperación jurídica con Perú tras un pedido de la compañía porque el Equipo Especial Lava Jato habría incumplido el acuerdo para proporcionar información sobre políticos que estaban involucrados en esta trama de corrupción.
Y la lista es larga.
Según indicó a la Fiscalía Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en el país, la empresa constructora le pagó un total de 31 millones de dólares al expresidente Alejandro Toledo para la construcción de la obra de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur que une el sur de Perú con Brasil.
Este presunto soborno a Toledo también se relaciona con el caso Ecoteva, donde se descubrió que Eva Fernenbug, suegra del expresidente, compró una casa y una oficina en Lima por un monto de 5 millones de dólares con el dinero de la empresa costarricense Ecoteva, cuyos fondos provendrían de las firmas brasileñas.
En la actualidad, el expresidente y exfundador del desaparecido partido Perú Posible se encuentra en Estados Unidos. Hace poco, Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones de la Corte de San Francisco ha reactivado el proceso de extradición de Toledo para que vuelva al Perú cuanto antes.
De otro lado, está el caso del expresidente Ollanta Humala, quien es procesado, junto a su esposa, Nadine Heredia, por el presunto financiamiento irregular del Partido Nacionalista durante las campañas electorales de 2006 y 2011, y enfrenta un pedido de 20 años de cárcel por lavado de activos.
Humala es el primer expresidente peruano que va a juicio oral por el escándalo de Lava Jato.
Una realidad diferente es el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. En diciembre de 2017 se reveló que sus empresas Westfield Capital, First Capital y Latin America Enterprise se vieron beneficiadas de sobornos por parte de la constructora Odebrecht cuando era titular de la Presidencia del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Finanzas en la gestión de Alejandro Toledo. Hasta el momento, se desconoce los siguientes pasos del fiscal a cargo de la investigación, José Domingo Pérez.
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El pasado 24 de marzo, el Poder Judicial declaró saneada la acusación fiscal contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori y otros 44 acusados, por el delito de organización criminal, lavado de activos y fraude procesal, en el marco del Caso Cócteles que también tiene vinculación con Odebrecht.
El pasado 25 de agosto, el fiscal José Domingo Pérez presentó la acusación contra la exalcaldesa Susana Villarán. Para ella, solicita 29 años a prisión porque habría formado una organización criminal que recibió más de 10 millones de dólares en aportes ilegales de las constructoras Odebrecht y OAS para continuar al mando del municipio y financiar la campaña por el “No” a la revocatoria del 2013 y su reelección a la alcaldía de Lima que no ganó en 2014.
Otros casos
El expresidente Martín Vizcarra fue involucrado en el caso “El Club de la construcción” tras ser acusado de recibir sobornos cuando trabajó como gobernador en Moquegua en los años 2013 y 2014. En un inicio, el esquema de corrupción estaba integrado por determinadas empresas dedicadas a construcción las cuales ofrecían entre el 1% y 3% del valor total de los contratos a los funcionarios que otorguen las adjunciones. Por este tema, fue vacado en noviembre de 2020.
Y lo más reciente es con Pedro Castillo, quien es investigado de ser cabecilla de una organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada, delitos contra la administración pública bajo el delito de encubrimiento personal y contra la tranquilidad pública por los casos del Puente Tarata III, ascensos en las FF. AA., la fuga de funcionarios cercanos a su gobierno, la injerencia en la compra de Biodiésel a Heaven Petroleum Operators por parte de Petroperú y obras adjudicadas, al parecer de manera ilícita, en las provincias de Chota-Cajamarca y Cajatambo-Lima.
La última investigación por el “Gabinete de las sombras”.
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