La Comisión de Descentralización aprobó hoy el predictamen del proyecto de ley 2882 que propone la eliminación de los cargos de prefectos y subprefectos a nivel nacional. Con 10 votos a favor y 6 en contra, la iniciativa pasará de este grupo de trabajo -cuya presidenta es la congresista Diana Gonzáles (Avanza País)- al Pleno del Parlamento, donde se debatirá para su aprobación o archivo.
Como se recuerda, todo comenzó a partir de una actividad realizada el pasado 13 y 14 de agosto. Allí se dio el denominado Congreso Nacional Extraordinario de Autoridades Políticas del Perú, cuyo slogan resultó ser “por la defensa de la soberanía, democracia y la voluntad del pueblo”, donde reunió a los prefectos y subprefectos en Lima.
La situación no tenía nada de extraño si no fuera porque un día antes del mencionado evento hubo una cita con el director general de Gobierno Interior, Edwar Chuquilín Hernández, en el Ministerio del Interior. En esa oportunidad, los prefectos que fueron son Cinthya Lindo (Piura), Pablo Ruiz (La Libertad), James Holguín (Madre de Dios), Tito Angulo (San Martín), Luisa Verona (Lambayeque), Manuela Méndez (Áncash) y Rubén Quispe (Ayacucho).
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Ante este detalle, la legisladora Nilsa Chacón (Fuerza Popular) presentó la iniciativa para la eliminación de estos puestos dentro del aparato del Estado que han sido copados por miembros de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú y de Perú Libre.
Entre las tareas a las que hace referencia, detalla las siguientes: Mantener a la Dirección de Autoridades Políticas informada acerca de la situación de conflictos sociales, coordinar con las rondas campesinas u otras organizaciones comunales, ser parte de los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana y brindar soporte en las acciones de defensa civil y gestión del riesgo de desastres.
Así, la fujimorista asegura que se podría generar confusión entre las funciones de las autoridades de los distintos niveles de Gobierno (local, regional y Poder Ejecutivo).
Partiendo de dicha afirmación, Chacón Trujillo asevera que el Ministerio del Interior cuenta con un presupuesto de 67 millones de soles anuales destinado al mantenimiento de prefectos y subprefectos. Por esa razón, argumenta que la inversión podría ser utilizada en otros gastos del sector.
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Según el predictamen del proyecto de ley que propone que los cargos de prefectos y subprefectos ya no existan, 672 de los 1582 nombrados son militantes del lápiz, es decir, el 42%. También tienen una cuota de poder Alianza para el Progreso (71), el Partido Nacionalista (40), Somos Perú (29), Acción Popular (19) y Juntos por el Perú (13).
Además, el documento revela que las personas designadas en esos cargos se encuentran o encontraban afiliadas hasta tres meses antes de su designación a diferentes agrupaciones políticas, la mayoría, al partido de gobierno de turno. “Se ha evidenciado que los cargos podrían ser utilizados como espacios para beneficiar a partidarios o simpatizantes políticos principalmente en localidades alejadas”, reza el texto.
De otro lado, se anota que 16 personas que firmaron el padrón de adherentes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), el brazo político de Sendero Luminoso, ejercen el cargo de prefectos. Mientras otros no cuentan con experiencia en la gestión pública y habrían sido colocados a dedo.
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