Walter Ayala, exministro de Defensa del gobierno de Pedro Castillo, continuará siendo investigado por la Fiscalía. Esto luego de que el Poder Judicial rechazara su pedido de anular el inicio de las indagaciones en su contra. Este estaría implicado en el presunto delito de organización debido a presuntas irregularidades en el proceso de ascenso de las Fuerzas Armadas llevado a cabo durante el 2021.
El juez Juan Carlos Checkley declaró infundado el recurso de tutela de derechos presentado por Ayala. Este señaló que no se había motivado de manera adecuada la disposición fiscal que lo incluía como parte de una presunta red criminal en el Gobierno de Pedro Castillo y, por tanto, el delito imputado en su contra “no calzaba” en su caso. Finalmente, la autoridad dispuso que se proceda con su investigación.
“Si una persona se porta mal, está bien, tendrá que ir preso, pero respetando el debido proceso, no forzando una figura de crimen organizado”, señaló el exministro de Pedro Castillo en su recurso. Este insistió que la figura utilizada por el Ministerio Público no calzaba para su caso por lo que pidió la anulación de la disposición que amplía el delito de crimen organizado a quien alguna vez fue ministro de Estado.
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El juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, precisó que la Fiscalía es la titular de la acción penal y la norma prevé que actúe ante un nivel de sospecha simple. El nombre de Ayala fue sumado al del presidente Pedro Castillo en julio de este año por presuntamente integrar una organización criminal liderada por el jefe de Estado. El proceso de investigación tendrá un plazo de 36 meses.
Presidente en aprietos
Pedro Castillo no solo es el primer presidente en funciones a quien la Fiscalía ha iniciado seis investigaciones en su contra, sino también el primero en ser acusado por dicha entidad del Estado. La denuncia constitucional presentada al Congreso de la República lo señala como el presunto líder de una organización criminal en la que participarían no solo ministros de Estado, sino también familiares del propio Castillo.
La Fiscalía lo acusa de ser cabecilla de una organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada, delitos contra la administración pública bajo el delito de encubrimiento personal y contra la tranquilidad pública por los casos del Puente Tarata III, ascensos en las FF.AA., la fuga de funcionarios cercanos a su gobierno, la injerencia en la compra de Biodiesel a Heaven Petroleum Operators por parte de Petroperú y obras adjudicadas, al parecer de manera ilícita, en las provincias de Chota-Cajamarca y Cajatambo-Lima.
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Durante el tiempo que el jefe de Estado ha sido investigado por la Fiscalía, este no ha dudado en cuestionar la labor de las autoridades. Los ataques contra los fiscales que también investigan a su familia y que conllevó a la detención preliminar de 10 días contra su cuñada, Yenifer Paredes, los empresarios Hugo y Anggi Espino, además del alcalde de Anguía, llevó a Pedro Castillo a enviar un mensaje que fue interpretado como una amenaza.
“Han golpeado a mi familia seriamente, a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos. Sé que el día de hoy, Yenifer está pernoctando en el piso. Es parte de la lucha, es parte de la vida política en el Perú, pero eso me fortalece porque sé que mi hija y el resto de mi familia, conjuntamente con nosotros y con ustedes, vamos a salir adelante”, sostuvo Castillo Terrones.
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