El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha sido uno de los sectores que mayores escándalos tiene a lo largo de la gestión del presidente de la República, Pedro Castillo. Allí, el prófugo Juan Silva habría sido un operador para beneficiar a empresas con sendas licitaciones millonarias como del Puente Tarata III. Sin embargo, parece que ahora nada cambia.
Según una investigación del programa Punto Final, una docena de exmilitares fueron nombrados en distintos puestos del MTC con la llegada de Richard Tineo. Así, se puede mencionar al jefe de gabinete de asesores del MTC, el general de brigada Miguel Arturo Balta Sevillano. De igual manera, se eligieron como asesor 2 al general Julio César Tisoc Saldarriaga y como secretario del MTC al general José Luis Vigil León.
Y la lista sigue.
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El general Prospero Otoniel Díaz Arrue fue contratado como director ejecutivo del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.
Además, el general de brigada Francisco Quevedo Mogollón fue designado como director ejecutivo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado – Provias Descentralizado.
Adicionalmente, el general de brigada Jorge Alberto Hidalgo Calle asumió como director de Certificaciones y Autorizaciones de Aeronáutica Civil, el coronel Miguel Ángel Aguirre Córdova como director de la Dirección de Seguridad Aeronáutica
Finalmente, el capitán Alejandro Ismael Alarco Cárcamo como jefe de la Oficina de Voluntariado de Legado, Rolado Capucho Cárdenas como director de la Oficina de Políticas y Regulación en Comunicaciones, Carlos Germán Mariaca Lira en la dirección de la Oficina de Desarrollo Tecnológico y Digital, y Luis Alberto Carranza como director de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
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Fortín de corrupción
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha sido un fortín para los actos de corrupción de este gobierno. De hecho, la Fiscalía de la Nación tiene la tesis que Juan Silva y los congresistas Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza, Ilich López y Elvis Vergara (Acción Popular) montaron una red criminal para obtener varios contratos.
Los parlamentarios aludidos, o también conocidos como “Los Niños”, obtenían beneficios económicos y el poder de poner personas de su confianza en puestos claves, mientras que el presidente ganaba sus votos en el Congreso ante posibles mociones de vacancia y censuras a los ministros.
“De acuerdo con la tesis de la Fiscalía su actuación (de Los Niños) estaría destinada a garantizar la permanencia del mandatario y, en general, de los miembros del Poder Ejecutivo, como consecuencia de los beneficios ilícitos obtenidos”, se lee en la disposición fiscal.
Los representantes del partido de la lampa tenían especial interés en el MTC para direccionar obras a favor de empresas chinas y peruanas, entre ellas INIP Ingeniería Integración de Proyectos, de Roberto Aguilar Quispe. A cambio de ese beneficio, lograban comprometer su respaldo al presidente Castillo frente a cualquier denuncia que pusiera en jaque a su gobierno.
“(El exasesor presidencial) Auner Vásquez ese día le entregó una relación de siete proyectos a (el exsecretario presidencial) Bruno Pacheco, que eran el pedido de los congresistas de Acción Popular como parte del trato para su apoyo incondicional”, se lee en el documento fiscal.
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