El presidente de la República, Pedro Castillo, es investigado en seis carpetas por la Fiscalía de la Nación. Esta situación ha provocado que la mayoría de peruanos considere que sí está involucrado en actos de corrupción cometidos en su gobierno que tiene 15 meses. Así se desprende de la cifra registrada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en un reciente sondeo publicado por el diario La República en el que indica que el 59% de sus encuestados tiene esa percepción.
La cifra antes mencionada representa un alza de siete puntos en comparación a lo revelado por IEP a inicios de este mes. Por su parte, el 27% tiene una opinión contraria: no cree que el profesor rural sea el presunto cabecilla de una red criminal que habría beneficiado a sus familiares y financistas de campaña con contratos millonarios en el Estado como se ha denunciado en diversas publicaciones periodísticas.
En tanto, un 14% de encuestados no tiene una opinión formada sobre el caso del presidente Castillo.
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De otro lado, el IEP registra la desaprobación de Castillo Terrones que llega al 62%, lo cual representa un descenso de tres puntos en comparación a cómo empezó este mes. En Lima (76%) y el norte (62%) son las macrozonas donde se concentra el mayor rechazo al jefe de Estado. En los niveles socioeconómicos A/B (76%) y C (65%) están los detractores del actual gobierno.
Por su lado, la aprobación de Castillo tuvo una subida a 28%. Las macrozonas del sur y oriente tiene una mayor aceptación con 39%, mientras que los niveles socioeconómicos más vulnerables como el D/E aún creen en la palabra de maestro: 34%.
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Lo cierto es que octubre no ha sido un buen mes para Castillo Terrones. La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el presidente de la República habría cometido los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Estos ilícitos estarían vinculados a la designación de Hugo Chávez Arévalo como gerente general de Petro Perú y a la licitación del Puente Tarata III.
Sobre el primer caso se tiene la hipótesis que el mandatario recibió la recomendación de su amigo Fermín Silva Cayatopa para colocar a Chávez al frente de la petrolera estatal con el fin de que pueda decidir sobre las contrataciones millonarias.
Cuando Chávez fue nombrado gerente general, Fermín Silva le otorgó S/ 30 mil soles al presidente como compensación por hacerle caso.
Chávez inició su primera operación para beneficiar al empresario Samir Abudayeh, cuya compañía es Heaven Petroleum Operators (HPO). El jugoso monto de US$ 47 millones por 280 mil barriles de biodiesel B100 que HPO proveería a Petroperú, hizo que el gerente de la petrolera nacional y el empresario se reúnan previo contrato en el Palacio de Gobierno.
Estos actos llevados en la ‘Casa de Pizarro’, significarían para la Fiscalía tres delitos: organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias agravado.
En el caso Puente Tarata se tiene la hipótesis que el presidente Castillo confabuló junto con sus sobrinos Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, beneficiar a Zamir Villaverde, amigo de Castillo Terrones y Hugo Meneses Cornejo con una obra de pública por el valor de 232.5 millones de soles.
¿Cómo se beneficiaría Juan Silva? Según el documento presentado por la fiscal, el mismo exministro sostuvo que él recibiría una coima equivalente al 0.5% del total del proyecto y es por esa razón que se debía de cumplir con lo planeado y adjudicar la obra a Villaverde y Meneses.
“Silva Villegas habría establecido que en el caso concreto de Puente Tarata III, los porcentajes con los que se beneficiarían los integrantes de la organización serían 100 mil para Villaverde García, 100 mil soles para Fray Vásquez Castillo y el resto se dividiría en partes iguales entre el presidente Pedro Castillo y él (Silva Villegas). En cumplimiento de este pacto ilícito, Villaverde García le habría entregado a Silva Villegas la suma de 100 mil soles como adelanto de buena fe del negocio ilícito”, sostiene la resolución de Patricia Benavides.
La denuncia contra Castillo se encuentra en evaluación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Esta semana se debería saber si se admite o no a trámite.
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