Organizaciones lucharán judicialmente contra norma de tenencia compartida “automática”

Las madres están en alerta y no tienen paz para criar a sus hijos. Ello luego de que el Congreso peruano impusiera una ley de tenencia compartida como medida prioritaria, lo cual podría ser saludable en la teoría a fin de que los niños y niñas no pierdan contacto con sus progenitores, pero no toma en cuenta la existencia de padres agresores de infancias y mujeres violentadas por sus exparejas. Es decir, bajo la promesa de la igualdad los expone a nuevos casos de violencia.

Este miércoles 26 de octubre se promulgó la ley 31590 que regula la tenencia compartida de los hijos en el caso de padres separados. Según las palabras de su impulsor la norma “beneficia directamente a los niños”; sin embargo, organizaciones alertan que también los expone a estar separados de sus madres, incluso cuando estos aún están en periodo de lactancia, además de que sería utilizado como excusa para no entregar pensiones alimentarias.

Tras la modificatoria del Código de Niños y Adolescentes, la norma indica que luego de la separación de los padres, la tenencia de los niños, niñas y adolescentes deberá ser asumida por ambos progenitores y, en caso no haya consenso entre ambos, el juez tendrá que priorizar esta opción.

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Ante ello, un grupo de organizaciones de la sociedad civil informaron que darán seguimiento a la acción de amparo contra la aplicación de esta ley presentada en julio de este año, cuando aún era un proyecto legislativo, y que coordinarán la presentación de una acción de inconstitucionalidad con la Defensoría del Pueblo. Aunque este podría ser un proceso largo y en el interín, tanto los menores como sus madres afrontarán situaciones de más vulnerabilidad.

La abogada de la organización Flora Tristán, Edith Aiquipa, explica que ya antes de la promulgación de esta ley, los padres de familia podían acceder a la tenencia compartida. La diferencia es que antes tenían que pasar por pericias psicológicas para determinar casos de violencia y la exposición al riesgo de los menores. Esto ahora está descartado a menos que haya una sentencia de por medio contra el agresor, y las mujeres víctimas de violencia conocen bien qué tan largo puede ser el camino hasta obtener justicia.

En cambio, desde grupos conservadores se señala que anteriormente la tutela era entregada directamente a las madres, impidiendo que los padres se acerquen a los menores.

“Antes (los padres) eran evaluados por equipos multidisciplinarios, ahora no se va a tomar en cuenta la opinión de los niños, el historial de agresiones e incluso el incumplimiento de pensiones alimentarias. Al aprobar esta norma se quiere colocar por encima de los intereses de los niños, niñas y adolescentes, el interés de los padres. En primer lugar afecta a los menores y a las madres que son víctimas de violencia intrafamiliar”, indicó la letrada.

“La tenencia compartida ya existía en nuestro ordenamiento legal. No estamos diciendo que solo las mujeres tienen derecho a criar a sus hijos e hijas. Lo que estamos diciendo es que cada caso es distinto y tiene que analizarse de manera diferenciada y en un contexto de violencia no se puede ejecutar. Es gravísimo lo que está sucediendo”, añadió.

Durante la conferencia de prensa las participantes también explicaron que esta norma obedece, principalmente, a la demanda de colectivos agrupados en Tenencia compartida Perú, quienes lograron reunirse con diferentes congresistas y finalmente lograr la aprobación de esta norma de la mano del parlamentario Alejandro Aguinaga.

Incluso, la normativa indica que en caso de que uno de los progenitores esté imposibilitado de tener contacto físico con el menor, el juez debe disponer en forma provisional, hasta que culmine el proceso de tenencia, la utilización de medios digitales para mantener el vínculo “siempre que no perjudique el principio de interés superior del niño”; sin embargo el Perú es un país en el que se normaliza la violencia y los juzgados pueden tardar varios años hasta que emitan un veredicto contra los agresores.

Para la aprobación de esta norma, el Congreso no ha tomado en cuenta los sustentos técnicos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), cuya titular, Claudia Dávila, dijo que esta norma pone en peligro la integridad de los menores y la entrega de pensiones alimentarias porque vulnera gravemente el derecho de los niños.

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