Consejo de Ministros convocó a sesión extraordinaria para evaluar situación de trabajadores del Inpe

Una sesión virtual extraordinaria del Consejo de Ministros fue convocada para este sábado en la que se abordó, como único punto en agencia, la viabilidad de un proyecto de ley que involucra a los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

La iniciativa legislativa propone que los trabajadores del Inpe en el régimen 276 y CAS pasen al de la Carrera Penitenciaria, previsto por la Ley N° 29709.

“Una vez aprobado el mencionado proyecto, que cuenta con informes favorables de Servir y del Ministerio de Economía y Finanzas, será remitido al Congreso de la República para su trámite respectivo”, se lee en el comunicado emitido por la PCM el viernes.

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La última vez que el Consejo de Ministros sesionó sin brindar acceso a la prensa fue el pasado miércoles. En la cita se acordó levantar el estado de emergencia por la COVID-19 en todo el Perú e instó a los ciudadanos a vacunarse con el fin de proteger su salud.

En tanto, el presidente Pedro Castillo tuvo un viaje a Loreto en el que invocó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) agilizar gestiones para construir un aeródromo en la provincia de Requena. También anunció la pronta construcción de un embarcadero fluvial y un hospital en la referida jurisdicción.

Desde el 18 de octubre, los trabajadores CAS del Inpe están en una huelga indefinida y radicalizaron sus medidas en la capital, donde se manifestaron en el penal Castro Castro. Los funcionarios exigen el mejoramiento de las condiciones de las cárceles, un aumento de sueldo y el cambio en el régimen laboral.

Julio Burga Barrera, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios, refirió que con la Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria (N° 290709) tendrían una mejor remuneración, más opciones para lograr ascensos y otros beneficios.

“Pedimos que nos incorporen a la ley de carrera N° 297009, nosotros somo CAS, pero esto generaría que nosotros tengamos igual en remuneraciones. Que nos suban de 1.500 a 2.500 soles, no tenemos CTS, ni escolaridad”, agregó.

El funcionario calificó su trabajo “de riesgo latente” y dijo que varios de sus colegas han muerto por imponer el principio de autoridad. “Arriesgo mi vida en estos penales, cada segundo cuenta de ser asesinado, no solo yo o mi familia. Estamos desprotegidos por el Estado”, precisó.

Según Burga, son 68 penales penitenciarios a nivel nacional que desde el 18 de octubre han realizado protestas para que los trabajadores sean unificados en la mencionada norma del servidor penitenciario, con la finalidad de acceder a los beneficios sociales del reglamento.

“Ahora los penales están colapsando. Acá ha estado a punto de desatarse un motín y esto va a pasar en el transcurso de los días, porque los penales están en crisis”, alertó.

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