El Poder Judicial evaluó este jueves la tutela de derechos que presentó la defensa legal de Pedro Castillo con el fin de anular la denuncia constitucional en su contra elevada por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
A través del abogado Benji Espinoza, se presentó este documento para exigir la anulación de esta denuncia constitucional interpuesta por la titular del Ministerio Público contra su patrocinado, el pasado martes 11 de octubre, ante el Congreso de la República.
Bajo ese contexto, la defensa legal de Castillo Terrones busca que se ratifique la situación del jefe de Estado y su condición como mandatario en respuesta a los pedidos de dejar de lado el artículo 117 de la Constitución.
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La audiencia de tutela de derechos concluyó cerca de las 14.00 h. El juez Juan Carlos Checkley anunció que resolverá en el plazo de ley. Según Benji Espinoza, abogado del mandatario, el acto lesivo ya se consumó al presentar la denuncia constitucional contra Castillo. Por ello, la intención de la tutela de derechos es anular dicho acto.
“Le estamos pidiendo al juez supremo que convoque a una nueva audiencia de tutela de derechos para que se debata si esta denuncia constitucional formulada por el Ministerio Público en realidad respeta o no la tutela judicial efectiva”, declaró el letrado en la víspera
Hace unos días, Pedro Castillo solicitó a Patricia Benavides que se rectificara en relación con el contenido de la denuncia constitucional. Ante eso, la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público, resolvió desestimar este pedido por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos.
¿Por qué la Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Castillo?
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por los casos Puente Tarata III y Petroperú. La presidenta del Ministerio Público sindica al jefe de Estado los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, además de colusión agravada y tráfico de influencias agravado.
En conversación con RPP Noticias, el fiscal anticorrupción, Marco Hernán, se pronunció sobre los recientes hechos que colocan en la mira de la justicia al jefe de Estado tras las investigaciones y los allanamientos de viviendas y oficinas por los casos de “Los Niños”, “Casa Sarratea”, “El gabinete de las sombras”.
Para el integrante del equipo especial, sí existen elementos de convicción, se apuntan al presidente del Perú en estos presuntos delitos.
“Tenemos elementos de convicción, no podemos hablar de pruebas en esta etapa, porque eso luego se verá en un próximo juicio, pero sí tenemos elementos probatorios que nos generan la posibilidad de hacer una gerencia válida de que se ha recibido dinero en el caso de Petroperú y tenemos ahí un aproximado de 2 millones de soles por el tema del biodiésel. Tenemos también que el presidente habría recibido beneficios como pasajes de avión para él y sus familiares, celulares, etc.”, expresó para RPP Noticias.
“Tenemos las afirmaciones de entrega de dinero corroborado con otros elementos colaterales que confirman esta versión. También tenemos que entender que los delitos de una organización criminal y los delitos de funcionarios son delitos clandestinos, no es un homicidio, no es un secuestro, entonces aquí se trabaja y por eso está la prueba indiciaria”, expresó el fiscal.
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