Perdón histórico: Perú realizará acto de reconocimiento internacional a Azul Rojas Marín, mujer trans ultrajada por policías

Este jueves 3 de noviembre, en el auditorio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Estado peruano pedirá disculpas históricas a Azul Rojas Marín —una mujer trans— por violar sus derechos cuando denunció, en febrero de 2008, a tres policías que la intervinieron arbitrariamente y la ultrajaron en una comisaría de Casa Grande (La Libertad), en el norte peruano.

Quince años después de que se enfrascara en una batalla legal que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Perú reconocerá públicamente su responsabilidad internacional por una serie de irregularidades en la atención de un caso que dejó en libertad a los agresores: Luis Miguel Quispe Cáceres, suboficial de tercera; Juan Isaac León Mostacero, suboficial; y Dino Horacio Ponce Pardo, técnico de segunda.

Azul Rojas recibirá disculpas de ese sistema que se opuso a defenderla y será reparada junto a su madre, Juana Rosa Tanta Marín, quien falleció de un infarto en medio de esa búsqueda por obtener justicia. Fue un camino tortuoso.

Rompió las lunas del municipio local para que la escucharan; pasó horas afuera de la Fiscalía, con la misma ropa que fue violentada, para que revisaran su denuncia; y apareció en los medios diciendo que trabajaba en una posta local, criaba cerdos y vendía salchipapas para ayudar la economía de su familia cuando de pronto su vida fue trastocada para siempre.

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Tras denunciar a los tres policías por violación, abuso de autoridad y tortura, la Fiscalía desestimó el último cargo y, en enero de 2009, el Poder Judicial archivó las demandas por violación y abuso de autoridad.

Como las vías nacionales se agotaron, tres organizaciones elevaron el caso a instancias internacionales: Promsex, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Redress Trust, que busca reparaciones para sobrevivientes de tortura. La Corte IDH falló el pasado 6 de abril de 2020 y, por primera vez, culpó a un Estado por violación de derechos y tortura a una víctima de la comunidad LGBTI. Esta sentencia emblemática puso al país como un drástico ejemplo para Latinoamérica.

Según el programa al que accedió Infobae, en la ceremonia del jueves, que se trasmitirá a las 15:00 horas, estará el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, así como representantes de la cartera del Interior, la Policía y la fiscal de la Nación Patricia Benavides y Elvia Barrios Alvarado, presidenta del Poder Judicial.

También se menciona a las congresistas Susel Paredes y Ruth Luque, y a las embajadas de Estados Unidos, España, Bélgica y Canadá. La asistencia del presidente Pedro Castillo, sin embargo, aún no ha sido confirmada, según Promsex.

Las disculpas públicas llegan dos años después de que la Corte IDH emitiera su sentencia simbólica. El acto responde a las diez reparaciones vinculantes en las que se encuentra, además, proveer asistencia médica y psicológica a Azul —aunque ella siga enfrentando barreras para acceder a servicios de salud—, adoptar protocolos de investigación y administración de justicia en casos de violencia a sus miembros, y elaborar un plan para sensibilizar y capacitar a agentes estatales sobre la violencia.

“Estas disculpas históricas ratifican que el Estado violó los derechos de Azul, pero sobre todo sientan un precedente sobre las medidas que debe implementar para evitar que actos discriminatorios o de violencia sigan ocurriendo”, comenta Edith Arenaza, de Promsex.

“Cuando el Estado reconoce su responsabilidad, como lo hará mañana con Azul, nuestra sociedad avanza en el respeto a los derechos humanos y la democracia se fortalece. Las heridas pueden empezar a sanar e incluso se puede encontrar justicia. (...) Reconocer que ocurrió y reparar el daño es el camino que nos hemos trazado como sociedad democrática para concentrar nuestros esfuerzos en evitar que hechos como este se repitan”, escribe Gabriela Oporto, de la misma organización, en una columna de El Comercio.

Con Azul, según la Corte IDH, el sistema peruano incumplió el protocolo para entrevistar a una víctima, fue negligente en el examen médico, omitió elementos probatorios e investigación con sesgo discriminatorio, y proliferó estereotipos discriminatorios durante la investigación, con cuestionamientos “innecesarios” y “revictimizantes”.

Arenaza, abogada litigante en casos de violencia de género, LGTBI y derechos humanos, asegura a Infobae que la organización “seguirá pendiente” de las demás reparaciones. “Asimismo, tenemos prevista la reevaluación de la situación legal de los agresores de Azul, quienes se encuentran en libertad. Vamos a pedir que sean investigados nuevamente a la luz de lo que manda el organismo internacional”, matiza la letrada.

Ha viajado a Lima desde Trujillo, la ciudad donde pasó los últimos años escondida, incluso amenazada. En el rehacimiento de su vida contempla estudiar Derecho y conformar una organización para brindar soporte a compañeras trans del norte peruano.

“Me hubiera gustado que mi madre estuviera en este momento —susurra—, estoy segura que a ella la mató toda esta batalla. Me quedé sin madre, sin hermanos, sola contra todos. Pero dios nunca se apartó de mí”.

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