Poder Judicial advirtió que revisará hábeas corpus de Alberto Fujimori para anular condena

Un anuncio realizado por el Poder Judicial este martes 25 de octubre ha generado una serie de críticas y cuestionamientos en las redes sociales. Según el juez Juan Fidel Torres Tasso se estaría programando una audiencia para revisar un hábeas corpus presentado por el abogado de Alberto Fujimori.

Esta noticia basada en algunos documentos a los que tuvo acceso el diario Correo, ocasionó polémica porque genera la duda si el papá de la excandidata presidencial, Keiko Fujimori, podría salir en libertad dentro de los próximos meses.

Para tener claro el panorama, es preciso indicar que el pedido de la defensa legal del Keiko Fujimori: Poder Judicial rechazó anular acusación en su contra por lavado de activos, tiene como objetivo anular la sentencia de 25 años de prisión impuestos por los casos de Barrios Altos y La Cantuta.

Este tema será evaluado en una audiencia liderada por el juez Juan Fidel Torres Tasso, titular del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, programa para el próximo 15 de noviembre del presente año.

En esta cita las autoridades pertinentes revisarán todo lo expuesto por el jurista encargado de defender el proceso y la condena que atraviesa el líder fujimorista.

De acuerdo a las imágenes proporcionadas por el diario Correo, este hábeas corpus presentado por la defensa legal del expresidente Alberto Fujimori, tiene la finalidad de terminar anticipadamente la sentencia condenatoria de 25 años de prisión por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Como respuesta a esta solicitud, Torres Tasso habría programado la audiencia para escuchar los alegatos de la defensa del padre del excongresista Kenji Fujimori, dentro de 20 días (15 de noviembre) desde las 3:30 p.m.

Según el escrito oficial, el magistrado ha dispuesto notificar de la resolución de convocatoria de audiencia a la procuraduría del Poder Judicial para que emita sus descargos frente a los alegatos del expresidente.

Como se recuerda, la demanda impuesta por Elio Riera, pide dejar sin efecto las sentencias emitidas por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que lo halló responsable por los casos Barrios Altos y La Cantuta, del 7 de abril del 2009.

Del mismo modo, de acuerdo a lo que se dio a conocer hace algunas horas, se pide anular el fallo que confirmó la resolución en primera instancia, dictada por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema el 30 de diciembre del mismo año.

“Consideramos que la sentencia emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema no se encuentra conforme a ley por cuanto se vulneró el principio de imputación necesaria y del debido proceso”, señaló Riera Garro a Correo.

“No existió ningún elemento de convicción para atribuir al señor Alberto Fujimori el delito de secuestro agravado. Mucho menos para condenarlo por homicidio calificado y lesiones o por haber realizado supuestamente trato cruel contra los señores Gustavo Gorriti y Samuel Dyer”, añadió durante sus declaraciones.

Hasta la fecha, el expresidente Alberto Fujimori cumple prisión en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate.

Hace dos semanas, se anunció que el procurador público ad hoc Javier Pacheco Palacios viajaría a Chile para ejercer la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado ante autoridades de ese país.

El motivo de la visita es el proceso de ampliación de extradición del expresidente Alberto Fujimori, tras recibir la autorización del Ministerio de Justicia. Según la Resolución Ministerial N° 0298-2022-JUS, publicada la primera semana de octubre en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el procurador concretó dicho viaje a Santiago de Chile del 10 al 13 de octubre.

De acuerdo a información oficial, durante este viaje, Javier Pacheco realizó coordinaciones con autoridades políticas, académicas y del derecho chileno, con el objetivo de asegurar y garantizar una debida representación y defensa de los intereses del Estado ante las autoridades jurisdiccionales de ese país. Dicha Resolución Ministerial llevaba la firma del ministro de Justicia, Félix Chero.

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