El Poder Ejecutivo incumplió en los últimos cinco años con informar a la ciudadanía cómo vienen trabajando para erradicar la trata de personas en el Perú.
La Ley 29918, aprobada en 2012, indica en su artículo 3 que cada año, durante los meses de setiembre, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior de turno deben acudir al Congreso de la República para informar las acciones que implementaron para combatir la trata de personas en el país.
Sin embargo, la última vez que rindieron cuentas a la ciudadanía fue en 2017, cuando el expremier Fernando Zavala y el exministro del Interior Carlos Basombrío acudieron al Parlamento para comunicar los logros y metas planteadas al aplicar el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2017-2021.
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A la fecha, se desconoce cuáles son los resultados de la aplicación del mencionado plan.
Aumentan denuncias por trata de personas
Es urgente que el Poder Ejecutivo informe cómo enfrenta la trata de personas, pues desde 2020 las denuncias atendidas por la Policía Nacional y el Ministerio Público aumentaron, según el informe “Perú: Estadísticas de Trata de Personas”, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); el estudio “La respuesta del Ministerio Público frente a la trata de personas”; e información solicitada por CHS Alternativo a las Fiscalías especializadas en trata de personas.
Las personas, en su mayoría mujeres, que son víctimas de trata terminan siendo explotadas sexualmente o trabajando de forma forzosa.
Según información entregada por la Policía Nacional, las denuncias por trata de personas se incrementaron en 163 de 2020 al 2021.
Lima es la región donde más casos de trata de personas se registró. Aumentó a 291 en 2021. Le sigue Ayacucho, donde las denuncias incrementaron a 40 y Lambayeque, donde se registraron 33 denuncias.
De las 535 denuncias registradas por la Policía Nacional en 2021, el 79,6% indicaban que las víctimas eran mujeres, adolescentes y niñas.
En el Ministerio Público, institución adonde deben llegar las denuncias que recibe la Policía Nacional, la tendencia de denuncias por trata de personas también va en aumento.
En 2020, las Fiscalías especializadas en delitos de trata de personas registraron 692 denuncias. Un año después, la cifra aumentó en 225. El 82,8% eran mujeres.
Entre enero y julio de 2022, las mismas fiscalías recibieron 178 denuncias por trata de personas. De ese total, 120 fueron mujeres.
Es posible que estos casos queden impunes, pues entre 2018 y 2019 las Fiscalías archivaron el 68% de denuncias por trata de personas que recibió. Solo el 3.2% de denuncias obtuvo sentencia.
Ejecutivo incumple función
Desde 2018, el Perú tuve 13 presidentes del Consejo de Ministros y 17 ministros del Interior que no acudieron al Congreso a informar cómo venían aplicando el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2017-2021.
Luis Enrique Aguilar, director de Políticas y Estrategias de CHS Alternativo, explicó que la ausencia del Estado en la lucha para combatir la trata de personas afecta a las personas que más riesgo corren de ser víctimas de este delito.
“Las causas de esta ausencia pueden ser varias, pero que hayan pasado cuatro gobiernos con sus distintos funcionarios y que ninguno haya hecho la rendición de cuentas nos preocupa, porque no sabemos sobre qué estamos trabajando”, señaló.
En setiembre de 2022, un estudio del Instituto de Estudios Peruanos, por encargo de CHS Alternativo, reveló que el 47% de peruanos señaló que el Estado debe tener un rol más activo para encarar la trata de personas.
Otro 41% respondió que el gobierno actual es responsable de prevenir este delito.
El hallazgo preocupante de la investigación es que cerca de 4 millones de peruanos respondieron que no saben dónde acudir para denunciar la trata de personas. Solo 1% de los encuestados dijo que llamaría a la Línea 1818 del Ministerio del Interior.
“El estudio visibiliza la falta de conocimiento de la ciudadanía del principal canal de denuncia del delito. (...) Eso debe llamar la atención de las autoridades. Los esfuerzos para prevenir y erradicar la explotación humana en el Perú no han sido suficientes”, señaló Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo.
Otro 49% de personas, que representa a cerca de 11 millones de peruanos, consideraron que los que cometen trata de personas no son sancionados, lo que sucede realmente en el país, pues solo hubo 72 sentencias condenatorias de parte del Poder Judicial en 2021, cuando en realidad los investigados fueron 1844.
Al débil compromiso del gobierno actual con la erradicación de la trata de personas, se suma que durante este año solo invirtieron 0,12 centavos de sol por persona para prevenir, atender y sancionar este delito.
“Las víctimas requieren un tratamiento profesional, diferenciado e individualizado que pueda garantizar su reinserción social, para así evitar que vuelvan a caer en el círculo de explotación de donde fueron rescatadas; sin embargo, muchas veces son puestas en albergues o en casas de acogida, donde no siempre se les garantiza que lleven un proceso de recuperación y reintegración adecuado”, comentó Mercedes Arce, coordinadora del proyecto “Lucha contra la trata de personas en la Amazonía Peruana”, de CHS Alternativo.
Para que el Ejecutivo cumpla con la función de explicar el resultado del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2017-2021, la congresista Susel Paredes presentó una moción de orden del día. Pide que el premiere Aníbal Torres y el ministro del Interior, Willy Huerta, acudan a explicar los avances y metas para frenar la trata de personas.
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