Aníbal Torres cuestiona que la vacancia y la suspensión presidencial causen la inestabilidad política en el Perú

El primer ministro Aníbal Torres volvió a cuestionar que la vacancia por incapacidad moral permanente y, ahora, la suspensión presidencial sean las causas de la enorme inestabilidad política y social que se vive en el país. Como se recuerda, ambas propuestas son analizadas por el Congreso de la República para sacar al presidente Pedro Castillo del poder.

“¿Cuales son las variables que han determinado que en los seis años anteriores hayamos tenido cinco presidentes, tres congresos, cuales son? Todos lo conocemos, son la vacancia presidencial por incapacidad moral y la cuestión de confianza”, anotó Torres en una actividad que lideró en la Universidad Ricardo Palma.

El titular del Consejo de Ministros recordó que el Gobierno envió un proyecto de ley para regular estas figuras que se encuentran en la Carta Magna, pero indicó que no ha tenido una respuesta alguna. “El Ejecutivo hemos presentado un proyecto para resolver este problema en el Congreso, un proyecto de ley, y lo hemos presentado al inicio de nuestra gestión, lamentablemente no tiene respuesta hasta ahora en el Congreso de la República”, afirmó.

En otro momento, Aníbal Torres dijo que la solución es que la población “tome conciencia de esto y exija para que esto sea tratado rápidamente y, por su puesto, crear esa tan ansiada estabilidad política”.

Actualmente, hay escenarios que se evalúan en el Parlamento. La primera es la tercera moción de vacancia promovida por el congresista Edward Málaga. Hasta el momento, solo 60 parlamentarios han puesto sus firmas, lo cual se encuentra aún lejos de los 87 que se requieren para concretar la destitución del presidente Castillo.

La segunda es la denuncia constitucional, presentada por la fiscal Patricia Benavides, que es analizada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde resolverá si la admite o no. Hay que mencionar que la titular del Ministerio Público le imputa al jefe de Estado los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

Sin embargo, ninguno de estos ilícitos están en el artículo 117 que detalla las causales por las cuales Castillo Terrones podría ser procesado en el ejercicio de sus funciones: traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales, municipales, por disolver el Congreso y/o por impedir la reunión o funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.

La tercera es la suspensión presidencial, de acuerdo al artículo 114, que hasta el momento no se debate si debe aplicarse o no.

En otro momento, el primer ministro Torres, en su reunión con los gobernadores y alcaldes electos para el periodo 2023-2026, mencionó que se debe sancionar ejemplarmente a quienes cometan actos de corrupción, pero que, estos actos deben ser plenamente objetivos y probados.

“Los grandes corruptos ahora quieren convertir a las autoridades en corruptos, los narcotraficantes, los Cuellos Blancos son los que atacan a la democracia en el Perú. Estamos de acuerdos en que se investigue y se sancione severamente a aquellos que han delinquido en el ejercicio de la función, actualmente o ayer. Pero con pruebas objetivas, no con pruebas fabricadas”, expresó.

También, Torres Vásquez, aprovechó el espacio para una vez más criticar al sistema de justicia en nuestro país y añadió que es importante que se plantee una reforma para estas entidades.

“El sistema de administración de justicia está sumamente descalificado, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo y se necesita una reforma profunda. O sea, Junta Nacional de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Academia de la Magistratura y el Tribunal Constitucional”, contempló.

En esa misma línea, el PCM insistió en descalificar lo acotado anteriormente por la fiscal Marita Barreto quien en una reciente entrevista mencionó que la inocencia debía probarse, el ministro Torres recordó ello y responsabilizó a la entidad de colocar a los magistrados.

“La inocencia no se prueba, la inocencia se presume, aquí y en cualquier parte del mundo. Aquí los encargados de la administración de justicia han invertido esos papeles que agreden fundamentalmente a la libertad de las personas. ¿Quién nombró a esas personas como magistrados? La Junta Nacional de Justicia”, refirió.

Cabe mencionar que, durante dicho encuentro entre el presidente del Consejo de Ministros y las nuevas autoridades elegidas, un grupo de jóvenes exigieron respuestas a Torres Vásquez por la destinación de fondos por el rubro minero; “¿a dónde se va todo lo que sale de la minería?, no lo saben invertir”, acotó uno de los estudiantes quien refirió que estaba en su derecho de expresarse libremente.

Esta situación de la crisis política ha sido percibida por una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en su informe final, durante su visita del 10 al 13 de octubre, halló que el país ha atravesado por varias crisis políticas por el uso reiterado de tres figuras constitucionales que tienen el potencial de debilitar la separación y el equilibrio de poderes, y de paralizar la gobernabilidad del país, debido a su falta de definición objetiva.

En este caso, se refiere a la acusación constitucional; vacancia presidencial por incapacidad moral permanente; y, la disolución del Congreso por la negatoria de confianza a dos consejos de ministros. En esa línea, la CIDH solicitó al Estado peruano, en especial al Congreso de la República y al Tribunal Constitucional (TC), a que “reglamenten y delimiten” estas figuras que se encuentran en la Carta Magna.

La delegación indicó que las tres entidades del Estado deben “asegurar la objetividad e imparcialidad, respetando el principio de legalidad y asegurando la separación y el equilibrio de los poderes”. Además, mencionó que “urge a todos los poderes del Estado a que se abstengan de hacer llamados al uso arbitrario de la fuerza o al rompimiento institucional”.

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