Pedro Castillo y Keiko Fujimori no reportaron a la ONPE sus gastos en publicidad digital

Incongruencia. Gastaron al menos USD 16 mil en publicidad para Facebook, pero informaron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que sus gastos fueron de S/0, según informe de Hiperderecho.

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Excandidatos a la presidencia en segunda vuelta presentaron información incompleta a ONPE. (Andina)
Excandidatos a la presidencia en segunda vuelta presentaron información incompleta a ONPE. (Andina)

Durante la campaña de las Elecciones Generales 2021, los excandidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori gastaron entre USD 16 mil y USD 22.875 en publicidad digital para Facebook, Messenger e Instagram. Pero no lo reportaron ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La organización Hiperderecho detectó esta incongruencia tras comparar los reportes de ingresos y gastos, que Perú Libre y Fuerza Popular presentaron a la ONPE, con los gastos en publicidad que hicieron las cuentas oficiales de Facebook, de los excandidatos presidenciales y sus respectivos partidos políticos.

Informe Reporte y transparencia en gasto de propaganda en redes sociales, de Hiperderecho.
Informe Reporte y transparencia en gasto de propaganda en redes sociales, de Hiperderecho.

Falta de transparencia

El artículo 34.5 de la Ley de Organizaciones Políticas obliga a los grupos políticos a presentar dos reportes financieros que detallen cuánto dinero recibieron y gastaron durante la campaña electoral.

Fuerza Popular y Perú Libre cumplieron con entregar los documentos entre el 9 de julio de 2020 y el 10 de agosto de 2021. En sus reportes no figura que en ese mismo periodo hicieron gastos en publicidad digital mediante depósitos en dólares y soles a la empresa Meta (dueña de Facebook, Instagram y Messenger), a pesar de que sí lo hicieron.

La empresa Meta, mediante su plataforma de transparencia Facebook Ad Library, reveló cuánto gastaron en publicidad las páginas oficiales de los partidos políticos y de los excandidatos presidenciales. También mostró el nombre de la empresa o el ciudadano que compró los espacios publicitarios.

La plataforma especificó rangos de gastos y no una cantidad exacta en monedas de dólares estadounidenses y soles peruanos.

En el caso de Pedro Castillo y Perú Libre, según Facebook Ad Library, contrataron 22 anuncios publicitarios para las páginas del partido político y del excandidato presidencial. En soles, gastaron entre S/ 100 y S/ 1.585; mientras que en dólares el gasto fluctuó entre los USD 4.900 y USD 6.393.

La misma situación se observa en el caso de Keiko Fujimori y Fuerza Popular. No reportaron ante la ONPE gastos en publicidad digital, pero pagaron a Meta entre $11.100 y $16.482 a cambio de 18 anuncios.

Candidatos no reportaron gastos en publicidad digital a la ONPE. (Andina)
Candidatos no reportaron gastos en publicidad digital a la ONPE. (Andina)

Verónika Mendoza, quien postuló con Juntos por el Perú, también informó a la ONPE que gastó S/ 0 en publicidad digital, pero en las redes sociales de la excandidata y su agrupación política se pagaron por 8 anuncios que fluctuaron entre los S/ 4.900 y S/ 6.492.

Omitir gastos en un reporte de financiamiento no constituiría una infracción para la ONPE. De acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas, son faltas muy graves que los partidos políticos y los candidatos no presenten los informes en el plazo establecido por la entidad electoral.

Este es el caso de Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, virtual alcalde de Lima Metropolitana, quien hasta la fecha no presenta cuánto dinero recibió y gastó para realizar su campaña presidencial en las Elecciones 2021. También es el caso del excandidato de Acción Popular, Yonhy Lescano.

“Como vemos, la norma sanciona, tanto a organizaciones políticas como candidatos o candidatas, el no presentar los informes de aportes, mas no sanciona explícitamente el presentar reportes de gastos incompletos, erróneos o falsos. Así, se genera un posible vacío legal respecto de cómo se podrían fiscalizar y, de ser el caso, sancionar, las mencionadas incongruencias”, indica el informe “Reportes y transparencia en gasto de propaganda en redes sociales”, publicado por Hiperderecho en octubre de 2022.

Finanzas incongruentes

Tras comparar los gastos hechos en publicidad digital con los reportados a la ONPE, también se encontraron incongruencias en los casos de los excandidatos presidenciales Daniel Urresti (Podemos Perú), César Acuña (Alianza para el Progreso), Julio Guzmán (Partido Morado) y Hernando de Soto (Avanza País).

En el caso de Daniel Urresti, reportaron a la ONPE que gastaron S/ 50.000 en 210 anuncios para las páginas oficiales del excandidato y su partido político, pero, según Facebook Ad Library, pagaron entre S/ 349.700 y S/ 425.890 a cambio de publicidad en Facebook, Instagram o Messenger. Es decir, consignaron mucho menos dinero del que realmente invirtieron en redes sociales.

Todo lo contrario sucede en los casos de los excandidatos a la presidencia César Acuña, Hernando de Soto y Julio Guzmán.

El líder de Alianza para el Progreso, por ejemplo, informó a la ONPE que gastó S/ 965.287, cuando en realidad el administrador de sus redes sociales pagó por 161 anuncios entre S/ 259.400 y S/ 328.139. Esto quiere decir que es posible que haya entregado dinero a otros ciudadanos para que contrate anuncios a su favor desde otras páginas, que no son oficiales del partido ni del excandidato.

“Esta situación genera la incertidumbre sobre a qué páginas, plataformas o a qué cuentas dentro de Facebook se destinó el monto declarado. Es decir, si de acuerdo al Ad Library Avanza País con Hernando de Soto gastó máximo S/ 298; y, en cambio, reportó haber gastado S/ 25.285, queda la duda sobre a dónde se destinó la diferencia (lo cual genera problemas de opacidad en el gasto); o, en todo caso, muestra una posible incongruencia en el reporte realizado ante la ONPE y lo efectivamente realizado”, se concluye en el informe.

Vacíos legales

Con la reforma constitucional a la Ley de Organizaciones Políticas, se prohibió que las agrupaciones políticas reciban como aportes externos la contratación de propaganda en medios de comunicación. Desde 2019, el Estado paga la pauta publicitaria a los medios para que transmitan información sobre las propuestas políticas en campañas electorales.

Pero esto no ocurre en los medios de comunicación digitales, por lo que los partidos políticos y sus candidatos pagan, con dinero que les donan, los anuncios que deseen en sus redes sociales.

A pesar de que Ad Library permite conocer información sobre quién contrata los anuncios y cuánto gasta en promedio, la plataforma aún presenta limitaciones, al igual que la Ley de Organizaciones Políticas, pues impiden conocer a detalle cómo los grupos políticos administran el dinero en publicidad digital.

Por esto, Hiperderecho sugirió que ONPE empiece a exigir a los partidos políticos que informen en sus reportes la plataforma a la que le pagan, las páginas o cuentas desde donde contratan los anuncios, el monto que gastan por cada publicidad y el dinero que pagan a agencias de publicidad o community managers.

También recomendó que se obligue a las organizaciones políticas a reportar lo que gastaron en publicidad desde páginas no oficiales de los candidatos a altos cargos públicos, pues durante las Elecciones 2021 se detectó que ciudadanos que pagaban por los anuncios desde las páginas oficiales de los partidos políticos y sus excandidatos, hacían lo mismo desde otras páginas no oficiales. Al no reportar estos montos gastados a la ONPE, se desconoce su origen.

Es el caso del actual congresista de Podemos Perú, José Luna Gálvez, quien hizo el mayor gasto en contratación de anuncios de Meta (S/2 millones 264.827), pero que además contrató desde otras páginas de Facebook más anuncios con dinero que no fue reportado a la ONPE.

“Existen cuentas de Facebook de opiniones políticas que reciben financiamiento para darle publicidad a sus publicaciones. Sin embargo, hemos podido identificar que algunas de estas cuentas están vinculadas directamente a candidatos u organizaciones políticas, lo que genera una posible vulneración al Principio de Autenticidad recogido en la Ley de Organizaciones Política”, señala la organización.

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