A pesar de que hay una orden de detención preliminar en su contra desde el pasado 10 de octubre, el Ministerio del Interior no ha incluido al prófugo Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea y amigo del presidente Pedro Castillo, en el programa de los más buscados ni tampoco hay una recompensa para encontrar su ubicación.
En una revisión realizada por Infobae, el nombre del empresario chotano no aparece por nada. Esto coincide con la denuncia pública que ha realizado Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que envió un oficio al ministro Willy Huerta para que se haga este procedimiento. Sin embargo, no ha encontrado respuesta alguna.
“Hace días pedí que Alejandro Sánchez Sánchez sea incluido en lista de “Los más buscados” pero hasta hoy el ministro Willy Huerta no ordena que ello se ejecute ni que se asigne recompensa”, escribió el legislador de la bancada de Fuerza Popular en su cuenta personal de Twitter.
Como se recuerda, el juez Víctor Zuñiga Urday acogió un pedido del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, liderada por la fiscal superior Marita Barreto, para que se le dicte detención preliminar por 10 días contra Alejandro Sánchez y los exasesores del presidente Castillo que habrían formado parte del llamado “Gabinete en las sombras”.
Estos son Abel Cabrera Fernández, Auner Vásquez Cabrera, Biberto Castillo León y Eder Viton Burga. Adicionalmente, la medida también alcanza a Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda durante la gestión de Geiner Alvarado, investigado por pertenecer a una presunta organización criminal que direccionaba obras en su sector en Cajamarca y otras regiones del país.
“(Se dispone) detención preliminar judicial por el plazo de 10 días naturales por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública —organización criminal— prevista y sancionada en el artículo 317 del Código Penal”, se lee en la orden del PJ. Además, se incluyen los delitos de colusión, tráfico de influencia y encubrimiento personal.
Según la tesis fiscal, Sánchez Sánchez, Cabrera Fernández y Medina Guerrero tenían el rol de financistas y coordinadores de la organización. Marrufo y Vásquez eran los coordinadores. Mientras que Castillo León cumplía el rol de operador.
No se entregará
Alejandro Sánchez es el único que sigue sin ser capturado. Y tampoco tiene intención de entregarse. “No he cometido ningún delito, y no tengo nada que decir para ser colaborador eficaz, el ser humano no es perfecto y cometemos errores”, escribió al inicio en un post publicado en su cuenta de Facebook.
Luego, Sánchez agregó que no se entregará a la justicia. “Si hubiese cometido algún delito, primero le pediría perdón a Dios, a mi familia y todo el país; seguidamente me entregaría a la justicia sin necesidad que me busquen, pero como no soy culpable de nada no lo haré”, anotó.
Además, el empresario chotano mencionó que no reconocerá los delitos que le imputan en la Fiscalía. “No voy hacerme una autoincriminación, no voy a permitir que estropeen mis derechos, que me pongan las esposas y me humillen. Eso jamás. ¡Sobre mi cadáver! No voy a permitir que me pongan en la cárcel tres años y después me digan que no tengo ningún delito”, agregó.
En otro momento, el amigo del presidente Pedro Castillo exigió al Ministerio Público dos opciones para que se ponga a derecho. “Que me muestren una prueba contundente o elemento de convicción respetando la ética profesional y no en base a dichos y chismes de delincuentes que quieren salvarse de la cárcel. Y que traigan a (César) Hinostroza y (Alejandro) Toledo”, apuntó.
Muerto en Reniec
Durante la madrugada, RPP Noticias informó que en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), Alejandro Sánchez, figura como ‘fallecido’ y que habría un acta de defunción que certificaría la supuesta muerte del dueño de la casa de Sarratea a causa de un suicidio en la ciudad de Chota, en Cajamarca.
Incluso el médico que supuestamente certificó la muerte de Sánchez negó rotundamente haber firmado certificado de defunción, ya que su especialidad es la de traumatología y denunció el uso ilegal de su nombre.
Hoy podría agravarse más su situación legal porque el Poder Judicial decidirá si ordena 36 meses de prisión preventiva para el dueño de la casa de Sarratea.
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