La vez que el APRA se rebeló en Trujillo contra el gobierno peruano en 1932

Las primeras décadas del siglo XX fueron de las más agitadas en los últimos tiempos, pues diversas partes del orbe se vivieron acontecimientos que le fueron dando forma al mundo que hoy conocemos.

Entre los más saltantes están las dos guerras mundiales y la crisis económica provocada por la caída de la bolsa de valores de Nueva York en 1929.

Estas situaciones provocaron uno de los capítulos más oscuros en la historia republicana del Perú. Se trata del cruel enfrentamiento fratricida entre el ejército peruano y militantes de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) apoyados por campesinos, obreros y estudiantes en la ciudad de Trujillo y en el valle de Chicama.

En 1930 un golpe de estado liderado por Luis Miguel Sánchez Cerro, le puso punto final a la década de mandato del presidente Augusto B. Leguía, que luego moriría en prisión.

A la mencionada crisis económica, en varios lugares del continente también llegaba la caída de más de un gobierno y, con ello, la intranquilidad de los pueblos.

Tras el golpe de Sánchez Cerro, cientos de protestas y motines se multiplicaron casi a diario por todo el territorio nacional. La más conocida puedes ser cuando un grupo de indígenas tomaron por la fuerza las instalaciones del Cerro de Pasco Corporation.

Entonces, con la intención apaciguar la constante agitación, el gobierno militar permitió el regreso de todos los exiliados, Haya de la Torre entre ellos, y convocó a elecciones generales. En estas participó por primera vez el APRA, aunque con el nombre de Partido Aprista Peruano (PAP).

Cuando la cosa parecía calmarse, todo empeoró. Y es que en los comicios de setiembre de 1931 ganó Sánchez Cerró. Y esto enardeció a los simpatizantes apristas, y a buena parte de la población, que lo acusaron de amañar los comicios.

Y como buen gobierno militar, Sánchez Cerro no tuvo mejor idea que reprimir con mucha violencia cualquier manifestación de descontento. Sus víctimas ‘favoritas’, como era de esperarse, eran los apristas.

Desde entonces, todo tipo de acciones en contra del gobierno se puso marcha. Insurrecciones, sabotajes y complots eran el pan de cada día.

Pero el más importante de todos se dio en Trujillo, ciudad que se convertiría por muchas décadas en el verdadero bastión apristas para todo tipo de elecciones.

Eras las dos de la mañana del 7 de julio de 1932, cuando un grupo de peones rurales, obreros y estudiantes se apoderaron de la alcaldía, edificios públicos e instalaciones militares de Trujillo y formaron su propio gobierno local. Ante estas circunstancias muchos soldados y policías se unieron a la causa.

Esta acción fue replicada en Salaverry, Samne, diversos lugares del valle de Chicama, Otuzco, Santiago de Chuco y Huamachuco. Llegó hasta Cajabamba en Cajamarca y repercutió en Huaraz.

Y en un hecho sin precedentes, Sánchez Cerro ordenó un brutal ataque aéreo y naval contra la población civil de la ciudad norteña en su intento de controlar la ciudad. Lo que no esperó el ejército fue encontrar férrea resistencia de la facción revolucionaria, por lo que decidieron aplicar la táctica de guerra de guerrillas e ir calle por calle hasta tomar el control total.

En medio del fragor del combate, los oficiales del ejército y de la policía que no se habían unido a los revolucionarios se encontraban prisioneros en el cuartel O’Donovan. La madrugada del 10 de julio todos fueron llevados al Palacio Iturregui.

Ahí fueron mezclados con otros presos comunes que aprovecharon las circunstancias para masacrar y asesinar a los 12 prisioneros.

Cuando la cruenta batalla llegaba a su fin, y los remanentes apristas resistían como podían, la figura de María Luisa Obregón, “La Laredina”, quien con ametralladora en mano ofrecía dura lucha al frente de un grupo de hombres.

Hasta que por fin, el 18 de julio de 1932, coronel EP Ruiz Bravo, jefe de las operaciones dio parte a sus superiores que el gobierno recobraba el total control de la ciudad. Sus acciones para esto fue una dura represión contra la población civil de Chepén, Mansiche, Casa Grande, Ascope y Cartavio.

Un promedio de casi diez mil 500 personas murieron en el enfrentamiento entre efectivos policiales, del ejército, rebeldes y (la mayoría) civiles.

Pero uno de los actos que causó la indignación nacional e internacional fue ejecución extrajudicial de varios revolucionarios que se habían rendido y fueron ejecutados sin recibir un juicio justo.

Debido a que muchos de los condenados ya había muerte en combate o habían fugado, la pena se aplicó a 42 detenidos.

Tan solo nueve días después de finalizado el enfrentamiento, todo ellos fueron llevados hasta la ciudadela de Chan Chan y los obligaron a cavar su propia tumba antes de ser fusilados. Más de uno recibió las balas dando vivas al partido aprista y a Víctor Raúl Haya de la Torre. Este acto barbárico ocurrió el 27 de julio de 1932.

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