Desde el 18 de octubre, los trabajadores CAS del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) están en una huelga indefinida en Perú. Por ello, en Lima se han radicalizado sus medidas y han tomado varios centros como el penal Castro Castro, donde se manifestaron este sábado. Los funcionarios exigen el mejoramiento de las condiciones de las cárceles, un aumento de sueldo y el cambio en el régimen laboral.
Julio Burga Barrera, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios, refirió que con la Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria (N° 290709) tendrían una mejor remuneración, más opciones para lograr ascensos y otros beneficios.
Burga indicó que la medida se ha “radicalizado” desde esta jornada. “Estamos acatando una huelga indefinida del 18 de octubre y hoy se ha radicalizados en los penales de Lima. Nos están ignorando, adentro los internos están a punto de colapsar y quieren tomar de rehenes a mis compañeros (porque se suspendió las visitas en los penales a raíz de la protesta)”, declaró.
“Pedimos que nos incorporen a la ley de carrera N° 297009, nosotros somo CAS, pero esto generaría que nosotros tengamos igual en remuneraciones. Que nos suban de 1.500 a 2.500 soles, no tenemos CTS, ni escolaridad”, agregó.
El funcionario calificó su trabajo “de riesgo latente” y dijo que varios de sus colegas han muerto por imponer el principio de autoridad. “Arriesgo mi vida en estos penales, cada segundo cuenta de ser asesinado, no solo yo o mi familia. Estamos desprotegidos por el Estado”, precisó.
Según Burga, son 68 penales penitenciarios a nivel nacional que desde el 18 de octubre han realizado protestas para que los trabajadores sean unificados en la mencionada norma del servidor penitenciario, con la finalidad de acceder a los beneficios sociales del reglamento.
“Ahora los penales están colapsando. Acá ha estado a punto de desatarse un motín y esto va a pasar en el transcurso de los días, porque los penales están en crisis”, alertó a RPP Noticias.
En otras regiones
Diferentes trabajadores del INPE realizan protestas en las regiones de Chiclayo, Piura, Trujillo y otras. En declaraciones a La República, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios de la Base del Penal de Trujillo, Wilder Flores Astochado, indicó que se lucha para que se reconozca el proyecto de ley enviado en 2018. Con ello, los empleados percibirían un mayor sueldo.
El Perú cuenta con 69 establecimientos penitenciarios con capacidad para albergar a 41.123 personas, no obstante, la población penitenciaria asciende hoy a 87.246 personas, lo que significa una sobrepoblación carcelaria del 112%, según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
Los casos más graves son los establecimientos penitenciarios de Chanchamayo, con 471% de sobrepoblación; Callao, con 466%; Quillabamba, con 375%; Abancay, con 362%; Camaná, con 361%; Miguel Castro Castro, con 325%; y Pucallpa, con 309%.
Del total de la población penitenciaria (87.245 personas), el 95% son varones y el 31% se encuentra en Lima. De acuerdo a su situación jurídica, el 63% de personas encarceladas están sentenciadas, mientras que el 37% restante están siendo procesadas. En cuanto a su edad, la población penal juvenil de entre 18 y 29 años representa el 29,2%.
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