Castillo niega existencia de pruebas que lo impliquen en actos de corrupción: “¡No van a encontrar!”

Desde Pichari (Cusco), donde este sábado se reunió con comités de autodefensa, el presidente Pedro Castillo volvió a referirse a la denuncia constitucional que afronta y negó que existan pruebas fehacientes que lo involucren como el líder de una supuesta organización criminal.

Sin dirigir sus palabras, el mandatario señaló que “se quieren bajar al Gobierno” y que no responderá de la misma manera, “creando denuncias y declaraciones fantasma” u “obligando a colaboradores eficaces” para que lo impliquen con sus manifestaciones.

“Quieren encontrar un chat, un video, quieren que alguien diga ‘sí, el presiente me llamó para ser ministro o director, y me pidió tanto’ [dinero]. ¡Pero no van a encontrar!, un campesino no puede robar a un campesino, un maestro no puede robar a un maestro”, señaló.

Posteriormente exhortó a denunciar irregularidades de los funcionarios. “Si encuentran algún funcionario de cualquiera instancia que tiene alguna prebenda, haga su denuncia que yo mismo tomaré acciones legales para sancionarlo. Ningún funcionario tiene hacer cosas a espaldas del pueblo peruano”, apuntó.

Las declaraciones del jefe de Estado llegan el mismo día en que Perú21 reveló que la lujosa casa de Asia, ubicada al sur de Lima, donde la Policía intervino el pasado 16 de julio para capturar a Fray Vásquez, sobrino del presidente, le pertenece a Pedro Castillo.

El diario basa su informe en el requerimiento elaborado por la fiscal Kelinda Janampa, del equipo especial que investiga al entorno del mandatario, en el que se consigna el testimonio.

“Las fuerzas políticas que asumieron el país en el más grande proceso de corrupción de la historia nacional, en los años 90, son las que ahora impulsan, como en aquella época, una modalidad de nuevo golpe de Estado en el Perú”, sentenció el último miércoles en un mensaje a la Nación.

Acompañado de su gabinete, pero no de la vicepresidenta Dina Boluarte, el mandatario reiteró que su familia, su Gobierno y él mismo están siendo víctimas de una “persecución política iniciada incluso antes” de asumir su mandato, en julio de 2021.

Citó, en primer lugar, las acusaciones que lo tildaban de “comunista”, después de “terrorista” y ahora con una “estrategia” centrada en la “demolición de la imagen presidencial”.

“Quieren que yo me vaya para que ellos gobiernen sin haber sido elegidos”, aseguró tras denunciar que en Perú “se viene haciendo uso indebido de manera recurrente de instrumentos jurídicos”.

El mandatario peruano explicó en un mensaje a la Nación que su decisión de elevar la crispada coyuntura política del país a la OEA responde a la existencia de una serie de “actos lesivos que socavan la institucionalidad democrática, el Estado de derecho, la gobernabilidad y el desarrollo económico” de Perú.

Castillo explicó que apeló a los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana “como mecanismo preventivo para la defensa de la democracia y para evitar la rotura constitucional”.

La denuncia, de 375 páginas, imputa al jefe de Estado por ser el presunto autor de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión (fraude) y se extiende a dos de sus exministros, Juan Silva y Geiner Alvarado, también investigados en este caso, que salpica el entorno más íntimo del mandatario.

Tras sustentar la supuesta existencia de una presunta banda criminal en el Ejecutivo, el documento dedica sus últimas diez páginas al planteamiento de la fiscal, que pide al Congreso que haga una “interpretación” de las normas del derecho interno con las supranacionales.

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