El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder informó que hoy se ha presentado un requerimiento de 36 meses de prisión preventiva para el prófugo Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, y Biberto Castillo, Abel Cabrera y Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, quienes serían integrantes del llamado “asesores en la sombra” del presidente Pedro Castillo.
En la solicitud, planteada por la fiscal provincial Kelinda Janampa, se indicó que se ha pedido también comparecencia con restricciones para Beder Camacho, exsubsecretario general del Despacho Presidencial, y los demás exasesores presidenciales Henry Shimabukuro, Eder Viton y Auner Vásquez, que recuperarían su libertad en las próximas horas.
Como se recuerda, el pasado 12 de octubre, el juez Víctor Zuñiga Urday dispuso la detención preliminar por 10 días contra todos los mencionados a solicitud de la fiscal superior Marita Barreto. Dicho plazo iba a culminar hoy.
“(Se dispone) detención preliminar judicial por el plazo de 10 días naturales por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública —organización criminal— prevista y sancionada en el artículo 317 del Código Penal”, se lee en la orden del PJ. Además, se incluyen los delitos de colusión, tráfico de influencia y encubrimiento personal.
Según la tesis fiscal, Sánchez Sánchez, Cabrera Fernández y Nenil Medina Guerrero, alcalde de Anguía que cumple 30 meses de prisión preventiva en el penal de Ancón I, tenían el rol de financistas y coordinadores de la organización. En tanto, Marrufo y Vásquez eran los coordinadores. Mientras que Castillo León cumplía el rol de operador.
La red criminal consistió en que tuvieron la captación de dinero desconocido para financiar la campaña del entonces candidato Pedro Castillo y así obtener ganancias ilícitas “una vez se obtenga el poder político”. Luego, Castillo en Palacio de Gobierno, fue el copamiento de instituciones públicas para generar activos ilegales.
De acuerdo a la fiscalía, destacan los actos colusorios en las contrataciones públicas donde jugó un papel importante el entonces ministro de Vivienda Geiner Alvarado y la emisión del decreto de urgencia 102-2021. Finalmente, está la captación de congresistas por intermedio de acuerdos ilícitos como la entrega de direcciones y ministerios a cambio de votos favorables en el Congreso.
En el quinto nivel, estaba establecer las redes de protección y encubrimiento.
Hay que recordar que el último miércoles, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional ratificó la detención preliminar del dueño de la casa de Sarratea y integrantes del llamado “asesores en la sombra” del presidente Castillo.
La Fiscalía alertó sobre el riesgo de fuga por parte de los integrantes de este grupo delictivo si se les revocan los 10 días de detención preliminar que el Poder Judicial ordenó.
“Existe cierta posibilidad de fuga como consecuencia de las circunstancias del caso. Debemos recordar que estamos frente a una organización criminal”, dijo el representante del Ministerio Público. Además, el fiscal recordó que no se podrían realizar diligencias que están programadas si los procesados recuperaban su libertad porque formarían parte de una red criminal enquistada en el Estado.
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