Además de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se refiere a las acusaciones contra la vicepresidenta Dina Boluarte y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas.
La CIDH señaló que tomó conocimiento de las denuncias contra los funcionarios del Estado y consideró que carecen “de definición objetiva porque “ni la ley ni la Constitución precisan conductas punibles y sus correspondientes consecuencias”.
En junio pasado, Boluarte solicitó a la CIDH que requiera al Estado Peruano suspender el proceso de acusación constitucional en su contra, pues, según su versión, se vulneró el debido proceso en la denuncia por haber realizado gestiones para un club privado cuando ya desempeñaba un cargo público.
La también ministra de Desarrollo e Inclusión Social afrontaba acusaciones de supuestos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, y aprovechamiento indebido del cargo.
En tanto, Salas Arenas era acusado de infringir la Constitución a pesar de que carecía competencia legal expresa al suspenderlo en el cargo de miembro del Pleno del JNE, sin haber tenido en cuenta las normas del bloque de constitucionalidad contenidas en la Ley Orgánica del JNE.
Sin embargo, el mes pasado la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia en su contra y concluyó que no le corresponde un antejuicio político.
La CIDH recordó que, “si bien en algunos casos los órganos legislativos pueden ejercer funciones jurisdiccionales en el marco del equilibrio de poderes, sus resoluciones deben expresar el principio de legalidad”.
“Ello exige que las conductas sancionables estén preestablecidas en términos estrictos y unívocos, de forma que acoten claramente los hechos punibles y fijen sus elementos”, asevero el organismo.
“Crisis constitucional”
Edgar Ralón, primer vicepresidente y relator para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaró este jueves que en Perú existe una “alta conflictividad entre poderes públicos que dificultan la gobernabilidad”, además de una “crisis constitucional” a raíz de la denuncia elevada por la fiscal general contra Castillo.
Ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que acordó aplicar la Carta Democrática a pedido del jefe de Estado, Ralón agregó que la inestabilidad política y los “persistentes cambios de autoridades han impactado en el goce de los derechos humanos”. Esta intervención fue clave para la decisión del organismo.
El representante de la CIDH dijo que Perú atravesó varias crisis políticas por el “uso reiterado de tres figuras constitucionales”: acusación constitucional, vacancia presidencial y disolución del Congreso por la denegatoria de confianza a dos consejos de ministros.
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