Acusado de participar en matanza en Putis renunció a su cargo en el Congreso

El Congreso se despide un cuestionado funcionario. Se trata de Luis Grados Bailetti quien hasta el 19 de octubre se desempeñó como jefe de la Oficina de Prevención y Seguridad del Parlamento. Sin embargo, su nombramiento a finales del mes pasado generó mucho revuelo y críticas al conocerse que es uno de los señalados de participar en la matanza que arrebató la vida a 123 ciudadanos que vivían en Putis.

Su designación causó el rechazo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que calificó de “afrenta a las víctimas y familiares de uno de los más graves actos de barbarie ocurridos en nuestro país”. La institución resaltó que, según el Ministerio Público, el entonces funcionario “es uno de los principales responsables del homicidio calificado en la modalidad de alevosía”.

La CNDDHH señaló que “de persistir en la misma, constituiría un respaldo a quien el Estado mismo, a través de un organismo constitucional autónomo que previene y persigue el delito”, considera responsable de los hechos ocurridos en 1984. Tras varias semanas en el cargo, Grados Bailetti presentó su renuncia que fue oficializada a través de la resolución N° 036-2022-2023-OM-CR.

El cuestionado fue jefe de la Compañía Lince, la misma que  presuntamente prestó apoyo en la matanza de Putis. El crimen considera como de lesa humanidad está a cargo de la Cuarta Sala Penal Superior del Poder Judicial. Por su parte, Grados es acusado de haber cometido el delito de homicidio agravado por lo que la Fiscalía ha solicitado 25 años de pena privativa de la libertad en su contra.

“Luis Óscar Grados Bailetti como coautor mediato del delito contra la vida, el cuerpo y la salud —homicidio agravado con alevosía— considerados como crímenes de lesa humanidad (…), solicitando que se les imponga a cada uno 25 años de pena privativa de la libertad”, se lee en un documento del Ministerio Público.

Su designación como funcionario del Congreso también provocó la reacción de la Defensoría del Pueblo que emplazó a la institución a “no contratar” a una persona sobre quien recae la imputación de los mencionados delitos.

“Solicitamos al Congreso no contratar a persona sobre quien recae acusación fiscal por graves violaciones a derechos humanos. Toda/o aspirante a funcionaria/o pública/o debe demostrar una trayectoria profesional y de vida con absoluto compromiso en la protección de derechos humanos”, solicitó la Defensoría.

La más reciente encuesta de CPI de inicios de septiembre evela un estancamiento en la aprobación del presidente de la República, Pedro Castillo, que luego de subir tres puntos entre junio y agosto, no ha variado mucho entre agosto y septiembre y se mantiene en 22%. Ocurre lo mismo con la aprobación del Congreso de la República que, en los meses de junio, agosto y septiembre apenas alcanza el 6%.

La desaprobación del Congreso en setiembre alcanza el 87.0%, mientras que un 6.3% no precisa. En Lima y Callao, el rechazo es de 86.6%, y en el interior del país este llega a 87.3%.El mayor nivel de desaprobación se concentra en la costa sur del país, en donde alcanza el 91%. El mayor porcentaje de aprobación se ubica en la costa y sierra norte, donde llega a 8.1%.

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