Pedro Castillo en mensaje de la Nación denunció “una modalidad de un nuevo golpe de Estado en el Perú”

En el día de su cumpleaños número 53, el presidente Pedro Castillo emitió un Mensaje a la Nación esta noche. El mandatario volvió a criticar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la reciente denuncia constitucional interpuesta ante el Congreso de la República. Y calificó dichas maniobras como un intento de golpe de Estado. Se ratificó en su pedido de solicitar a la OEA la activación de la Carta Democrática Interamericana.

El jefe de Estado apareció rodeados de todos sus ministros de Estado, con excepción de la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. En su discurso, señaló que la Nación atraviesa momentos difíciles. “Graves acusaciones se repiten, tan graves como inconsistentes, como es la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación ante el Congreso en mi contra. Denuncia inconstitucional e ilegal sin fundamentos y que carece de toda corroboración y pruebas objetivas”.

Criticó la asombrosa celeridad con la que se dio esta denuncia y dijo que se suma a la abierta exhortación que la fiscal de la Nación hizo al Congreso de la República al decirles en su mensaje que ella ya cumplió con su labor y ahora le toca al Legislativo hacer lo suyo, “poniendo en evidencia la no tan sutil concertación para el complot”.

Castillo añadió que en el país se viene haciendo uso indebido de una manera recurrente de estos instrumentos jurídicos desde la Fiscalía, con la complicidad de algunos magistrados para atacarlo a él y a los integrantes de su gobierno. Dijo que estos actos esconden un propósito que es la persecución política iniciada incluso antes que asuma la presidencia. “Quieren que yo me vaya para que ellos gobiernan sin haber sido elegidos”, aseveró.

Asimismo, hizo un llamado a las organizaciones defensoras de los derechos humanos para que intercedan por los detenidos “a quiénes no se les respeta el esencial derecho a la presunción de inocencia”. “Como hoy sabemos, la Fiscalía sostiene que la inocencia hay que probarla y que los colaboradores eficaces pueden mentir. En este afán desestabilizador a los nuevos golpistas no les importa nada, ni el pueblo, ni la patria, ni la familia. Yo lo sufro en carne propia. Mi hija, mi esposa, toda mi familia han sido agredidas con el único propósito de destruirme, porque no quieren que termine mi mandato. Pero les digo que voy a terminar el período que el pueblo me otorgó y voy a entregar el poder al siguiente presidente del Perú el 28 de julio del 2026. No antes”, afirmó.

Insistió al decir que no es un corrupto y su compromiso es el de luchar contra esta “lacra que tanto daño hace al país”. Sin embargo, dijo que si algunos traicionaron su confianza, que sea la justicia quienes se encarguen de ellos.

Recordó que se les acusó de comunistas, de terroristas y al no encontrar pruebas, buscaron nuevos motivos para impedir y bloquear la gobernabilidad. Sostuvo que la estrategia es la demolición de la imagen presidencial. “Las pruebas de la instrumentación política de la justicia ya son obvias, irrefutables. La propia acusación constitucional de la fiscal de la Nación lo demuestra por su orientación manifiestamente anticonstitucional”, dijo.

Para el mandatario, esas mismas fuerzas desestabilizadoras han utilizado en el Congreso mociones de vacancia presidencial, de interpelación y censura a ministros, y han impedido también el ejercicio de las competencias exclusivas que tiene presidente para dirigir la política exterior.

Pese a todo lo dicho, dijo que esta crisis política debe solucionarse con el diálogo, abandonando los arrestos golpistas, respetando la democracia, propiciando un Acuerdo Nacional para la estabilidad de la democracia y el estado de derecho. Una drástica lucha contra la corrupción sin selectividad ni motivación política y el pleno respeto al debido proceso a la no impunidad y el estricto respeto de la separación de poderes.

“Por ello, llamamos al diálogo y lo asumimos, y tal como entregamos al Congreso de la República el documento de Consenso por el Perú lo hacemos ahora porque es la responsabilidad que nos pone la historia”, dijo.

Asimismo, expuso las razones por las que su gobierno ha solicitado ante la OEA la activación y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana para iniciar un proceso de consultas con todas las fuerzas políticas, los poderes del Estado, y las fuerzas sociales “para encontrar con los buenos oficios de la comunidad nacional un camino que impida la grave alteración del orden democrático en el Perú”.

A propósito de las movidas en la casa de gobierno, por la tarde se vio llegar nuevamente a los ministros y a algunos congresistas afines al oficialismo. Uno de ellos fue Roberto Kamiche de la bancada Perú Democrático. Al ser consultado sobre su presencia en Palacio de Gobierno, el legislador dijo: “Somos compañeros de trabajo, yo lo veo así. Ha sido una visita protocolar. Desconozco si habrá mensaje a la Nación”.

Este fue un miércoles bastante agitado para el mandatario. A través de un oficio enviado a la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno peruano pidió que se active la Carta Democrática Interamericana por la situación que se vive en el país. Recordemos que la semana pasada, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el mandatario, que deberá revisarse en el Congreso de la República.

En el oficio se refiere a los artículos 17 y 18. “El artículo 17 de la Carta democrática expresa cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o el Consejo Permanente, a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”, indica.

Y añaden que el artículo 18 de la Carta democrática expresa que cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. “El Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento”, indica.

Es por este motivo que se convocó a una sesión del Consejo Permanente de la OEA para este jueves por la tarde, donde se revisará la situación del Perú.

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