Castillo acusó a la Fiscalía de “torturas psicológicas” hacia sus allegados detenidos y agresiones a su familia

En un amplio mensaje de la Nación emitido este miércoles por la noche, el presidente Pedro Castillo volvió calificar como una “persecución política” la denuncia constitucional elevada al Congreso hace una semana por la fiscal general Patricia Benavides.

Para el mandatario, el “uso indebido de instrumentos jurídicos de la Fiscalía en complicidad con algunos magistrados” esconden una “persecución política iniciada incluso antes” de que asumiera la administración del Estado.

Castillo deslizó que los detenidos están sometidos a “torturas psicológicas” y que incluso su familia ha sido víctima de agresiones. “Los sectores del dinero, los políticos tradicionales, se resisten a aceptar la voluntad popular y recurren a todos los medios de presión para procesar a funcionarios del gobierno y los presionan para arrancar falsas declaraciones”, dijo.

Según el mandatario, esta supuesta presión busca comprometerlo en delitos “instrumentalizando nuevas formas de torturas psicológicas con las detenciones preliminares y presiones preventivas”, de modo que hizo un llamado a la comunidad internacional.

El presidente aseguró que, pese a que su hija, esposa y familia “han sido agredidas”, su mandato concluirá el 28 de julio del 2026, “no antes”. No obstante, señaló que si alguno de sus allegados traicionó su confianza, “será la Justicia quien se encargue de ellos”.

La fiscal Benavides envió una denuncia constitucional al Congreso contra Castillo como presunto autor de los delitos de organización criminal agravada por su condición de líder, tráfico de influencias agravado y cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión (fraude).

El Ejecutivo y la defensa del presidente sostienen que el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado durante el ejercicio de sus funciones por cuatro casos concretos, entre los que figuran traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción o comunes.

Castillo también dijo que esta demanda “antijurídica y anticonstitucional de la fiscalía” esta respaldada por “ciertas empresas de comunicación y periodistas convertidos en entes y operadores políticos”.

“[Ellos] convierten en hechos consumados las calumnias que recogen de las afirmaciones como sentencias para colocarme como un jefe de una organización criminal”, sentenció.

La Fiscalía de Perú aseguró este miércoles que la denuncia constitucional contiene más de “190 elementos” probatorios que sustentan su acusación de que es el presunto líder de una organización criminal.

Huamán, quien es coordinador del Área Especializada en Denuncias Constitucionales, remarcó que “la ley no faculta” a los fiscales a adelantar los términos de esas pruebas, aunque reiteró que la denuncia formulada por Benavides “es el resultado de diligencias preliminares o de actos de investigación que se han realizado autorizados por un juez supremo”.

Enfatizó que ahora “es facultad exclusiva y excluyente del Congreso” desarrollar el proceso para llegar a un pronunciamiento final sobre el tema, aunque reiteró que “la norma procesal señala la reserva de las investigaciones”.

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