El Congreso envió una carta este jueves al presidente de la Comisión Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Jan Martin Willem Schalkwijk, horas antes de que el organismo ordenara activar la Carta Democrática.
El Parlamento manifestó su preocupación debido que consideran que el presidente Pedro Castillo está usando ese mecanismo para “encubrir y obstaculizar las seis investigaciones que pesan en su contra”.
La misiva, firmada presidente del Congreso José Williams, señaló que los argumentos presentados por el Gobierno peruano “no se ajustan a la realidad” y pretenden “desinformar a los países miembros” del organismo.
“Los argumentos que se presentan en ella no se ajustan a la realidad y carecen del contexto necesario para entender el proceder no solo del Congreso de la República, sino de instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación, entre otras”, continúa.
Sobre la denuncia constitucional contra el mandatario, Williams refirió que “sigue su curso regular en el Congreso” y se ha sometido “al análisis jurídico correspondiente”.
Señaló que la Fiscalía ha “encontrado suficientes indicios y pruebas de la comisión de los delitos de crimen organizado, tráfico de influencias agravado y colusión” cometidos por el mandatario.
En relación a la vacancia presidencial, Williams defendió la no delimitada causal de “incapacidad moral permanente” y sostuvo que dicho mecanismo “es una herramienta que le da la Constitución al Congreso en casos en los que las acciones de un presidente demuestran que este no tiene la capacidad moral para continuar en el cargo”.
Negativa de viajes
El texto también abordó las dos negativas del Congreso de autorizar a Pedro Castillo a viajar al extranjero, una de ellas para reunirse con el Papa Francisco. Al respeto, alegó que se trata de una función exclusiva del Legislativo y que las declaraciones del canciller César Landa, sobre no autorizar al mandatario a visitar el Vaticano, “no son ciertas”.
“Sin perjuicio de ello, en ambos casos, la representación nacional consideró que, debido a las diversas investigaciones penales que enfrenta el presidente Pedro Castillo, no correspondía su salida del país”, anotó la misiva.
Solicitud de Castillo
Un día antes, el jefe de Estado argumentó que, ante “estos actos lesivos que socavan la institucionalidad democrática, el Estado de derecho, la gobernabilidad y el desarrollo económico del país”, decidió acudir a la Organización de Estados Americanos (OEA) y apeló a los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana.
La petición se formalizó el pasado 12 de octubre a través de una misiva, luego de que la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, presentara en el Congreso una denuncia constitucional en su contra, que el mandatario calificó de “inconstitucional e ilegal y sin fundamentos”.
Esta denuncia señala al jefe de Estado como supuesto líder de una mafia corrupta que tiene el supuesto propósito de amañar contrataciones para obtener ganancias ilícitas de obras públicas.
En concreto, lo imputa de ser el presunto autor de los delitos de organización criminal agravada por su condición de líder, tráfico de influencias agravado y cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión (fraude).
El Ejecutivo y la defensa de Castillo sostienen que el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado durante el ejercicio de sus funciones por cuatro casos concretos, entre los que figuran traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción o comunes.
Fiscalía se defiende
En el otro extremo, la Fiscalía defendió “el respeto riguroso de los derechos fundamentales” en la investigación preliminar que le llevó a presentar esta denuncia constitucional.
En una reunión informativa con la prensa extranjera acreditada en Perú, el fiscal adjunto supremo, Marco Huamán, aseguró que esta denuncia contiene más de “190 elementos” probatorios que sustentan su acusación de que Castillo es el presunto líder de una organización criminal.
Huamán, quien es coordinador del Área Especializada en Denuncias Constitucionales, remarcó que “la ley no faculta” a los fiscales a adelantar los términos de esas pruebas, aunque reiteró que la denuncia formulada por Benavides “es el resultado de diligencias preliminares o de actos de investigación que se han realizado autorizados por un juez supremo”.
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