El Ministerio Público resolvió este miércoles “no ha lugar el pedido de rectificación de la defensa del presidente” Pedro Castillo, quien solicitó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, rectificar afirmaciones incluidas en la denuncia constitucional en su contra por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencia y colusión.
A través de un comunicado, la Fiscalía indicó que este pedido carece de “fundamentos fácticos y jurídicos”. En el petitorio, el mandatario cita la página 27 de las declaraciones tomadas al colaborador eficaz CE-04-2022-EFCOOP.
En dicho texto, “se afirmaba y corroboraba” la existencia de una reunión en Palacio de Gobierno en la que habrían participado Eder Viton; los abogados Eduardo Pachas y Benji Espinoza; y el ministro de Justicia, Félix Chero, cuyo tema giraba en torno a “desprestigiar a la fiscal de la Nación”.
Ante ese escenario, Castillo presentó el registro de visitas del día 23 de julio, fecha en la que habría tenido lugar dicha reunión, y pidió que Benavides emita una rectificación ante el relato planteado en la denuncia constitucional elevada al Congreso.
En una reunión informativa con la prensa extranjera acreditada en Lima, el fiscal adjunto supremo Marco Huamán aseguró que la denuncia constitucional por corrupción contiene más de “190 elementos” probatorios que sustentan su acusación de que es el presunto líder de una organización criminal.
“Esta denuncia contiene una serie detallada de imputaciones y cada imputación tiene un correlato probatorio. Este acervo probatorio de más de 190 elementos sustenta detalladamente cada marco de la acusación para que la defensa ejerza el derecho que le corresponde”, subrayó Huamán, coordinador del Área Especializada en Denuncias Constitucionales.
Remarcó que “la ley no faculta” a los fiscales a adelantar los términos de esas pruebas, aunque reiteró que la denuncia formulada por la fiscal general, Patricia Benavides, “es el resultado de diligencias preliminares o de actos de investigación que se han realizado autorizados por un juez supremo”.
Benavides envió la denuncia constitucional al Congreso hace una semana. El Ejecutivo y la defensa de Castillo sostienen que el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado durante el ejercicio de sus funciones por cuatro casos concretos, entre los que figuran traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción o comunes.
La denuncia ahora debe ser revisada por Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que también ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que interprete la Carta Magna del país para determinar si se puede proseguir con la acusación contra el gobernante.
Pedido a la OEA
En esta jornada, Castillo también pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) que tome “medidas de urgencia” para abrir “un diálogo entre los diversos poderes del Estado” parar resolver la crisis política que vive el país y evitar “la configuración de una nueva modalidad de golpe de Estado”.
En la misma, fechada el 12 de octubre y de la que solo hoy se ha tenido noticia, invoca la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, en cuyo artículo 17 recoge que, cuando un Gobierno “considere que está en riesgo” su proceso democrático, puede recurrir al secretario general “a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”.
El Consejo Permanente de la OEA se reunirá este jueves 20 de octubre en la sede de esa organización, en Washington, Estados Unidos, para tratar “la situación en el Perú”.
La decisión se tomó luego de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidiera que la referida instancia se reúna a fin de tratar el pedido del gobierno peruano de aplicar en el país mecanismos de la Carta Democrática Interamericana con el objeto de que su institucionalidad no se vea afectada.
Durante la cita -programada para las 1.30 de la tarde (hora de Perú)- intervendrá el primer vicepresidente y relator para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edgar Ralón, y el ministro de Relaciones Exteriores peruano, César Landa.
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