¿Era viable activar la Carta Democrática de la OEA para darle una salida a la crisis política en Perú?

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) decidió esta tarde acoger la petición del gobierno de Pedro Castillo para activar los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana. Por ello, aparte de expresarle su solidaridad, también se dispuso que una delegación de la entidad internacional venga al país para constatar la real dimensión de la crisis política que sacude al Perú no solo ahora, sino desde hace seis años.

“El consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos, considerando la solicitud formulada al señor Secretario General por el señor Presidente de la República del Perú de fecha 12 de octubre de 2022 para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, con la finalidad de preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder en el Perú teniendo en cuenta el comunicado emitido el 19 de octubre de 2022 por la comisión interamericana de derechos humanos”, se lee en la resolución final votada por aclamación en Washington.

Los mencionados artículos dicen lo siguiente:

En el artículo 17 se menciona que “cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional, democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”.

En artículo 18 señala que “cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación”.

Frente a la decisión de la OEA, Infobae buscó los comentarios de exrepresentantes del Perú ante el Consejo Permanente para analizar si era viable o no activar la Carta Democrática que, hay que mencionarlo, resultar ser la tercera vez que se recurre a dicho mecanismo. La primera vez ocurrió en 2004 por pedido del expresidente Alejandro Toledo, prófugo de la justicia en Estados Unidos, y lo más reciente se dio en 2017 con el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski que, al final, no se llegó a materializar.

Walter Albán, exministro del Interior y exrepresentante ante la OEA durante el gobierno de Ollanta Humala, indicó que la solicitud del régimen de Castillo de activar la Carta Democrática “era lo esperable por la situación que se vive en el país”. “Hay una discusión tan intensa que va creciendo esta confrontación que hay entre el Ejecutivo y el Congreso, a la que también se ha sumado el Ministerio Público”, anotó.

El exdefensor del Pueblo agregó que, a su juicio, aquí se “están produciendo hechos que afectan a peruanos y peruanas”. Albán añadió que el Gobierno ha encontrado en las acciones del Congreso, de recurrir al Tribunal Constitucional para interpretar un artículo de la Constitución, y la denuncia constitucional de la Fiscalía contra el presidente Castillo, como elementos para invocar la Carta Democrática de la OEA.

“La institucionalidad está, de alguna manera, golpeada. En estos momentos, se está respetando muy poco el marco constitucional. Se pretende saltar etapas, realizar interpretaciones antojadizas como que el fin justificara los medios. Creo que, desde la campaña, cuando la oposición apeló al supuesto fraude, que solo existió para ellos y trataron de convencer no solo a la opinión pública interna sino internacional hasta llegar a la OEA, han quedado un tanto desacreditados”, indicó.

Sin embargo, Albán también cuestionó que la administración de Pedro Castillo haya recurrido ante el sistema interamericano para eludir las graves denuncias por corrupción. “Este Gobierno carece de legitimidad moral para permanecer en funciones. No comparto la idea de recurrir a la OEA, cuando el señor Castillo debe aclarar todos los hechos (de corrupción) que se conocen hasta ahora”, mencionó.

El letrado indicó que la delegación que venga a la OEA realizará un diagnostico profundo de la coyuntura política en el Perú. Así, mencionó que buscarán reunirse con todos los actores políticos y la sociedad civil antes de emitir su informe final. “Yo creo que la OEA se va dar cuenta que este tema (la crisis política) es mucho más complejo y que los mecanismos de este organismo interamericano no le dan las herramientas para tener una función mucho más eficiente”, opinó.

“Creo que no deben escuchar no solo una versión, sino también a la sociedad civil y otras autoridades del Estado. Es probable que eso coloque a la delegación que vaya a venir en una perspectiva mucho más equilibrada”, finalizó.

Por su parte, Luis Gonzáles Posada, excanciller y exrepresentante del Perú ante la OEA durante el primer gobierno de Alan García, indicó que el pedido del gobierno de Pedro Castillo “distorsiona completamente el sentido de lo que es la Carta Democrática Interamericana”.

“Al decir que el sistema está en riesgo porque el Congreso y el Ministerio Público han iniciado una serie de acciones contra el presidente Castillo, lo que no dicen es que esas acciones están dentro del marco constitucional, con absoluto respeto al debido proceso, con garantías a las personas involucradas. De tal manera que no puede utilizarse de esta manera la Carta Democrática Interamericana”, explicó.

El exdiplomático señaló que observa que “se trata de confundir a la opinión pública al decir que en el Perú se está gestando un golpe de Estado contra un presidente andino, profesor y humilde, pero lo que no se sabe es cada una de las siete carpetas del Ministerio Público están acompañadas de declaraciones y documentos de las propias personas que han estado vinculadas al gobierno”.

“El Ministerio Público está actuando correctamente. Igualmente, no se dice que en el Congreso hay una Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que le da las garantías al presidente para que brinde sus descargos. Esas son las leyes”, mencionó.

Gonzáles Posada consideró que todo esto es una maniobra “penosa y absurda de una portátil diplomática internacional que se ha constituido no para defender los intereses permanentes del Estado peruano, sino para defender a Castillo y victimizarlo”. “Esa cofradía se está movilizando a nivel internacional. ¿Qué golpe de Estado puede haber en el Perú? El tiro les va salir por la culata”, protestó.

Finalmente, el excanciller anotó que el Congreso y el Ministerio Público tienen el legítimo derecho de solicitar al Consejo Permanente de la OEA, más allá de la visita que vaya a realizar una delegación de la entidad interamericana, para que le brinden una cita y realicen sus descargos porque han sido aludidos como “golpistas”.

“Cuando los miembros de la OEA escuchen sus descargos, se van a sentir horrorizados y se darán cuenta que están siendo manipulados”, zanjó.

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